Salarios, pensiones y otros agravios a la Policía: los frentes abiertos de Marlaska

Una jubilación digna, la equiparación salarial, la pérdida de competencias, el derecho a huelga, la ley de amnistía, las jornadas laborales, la polémica reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, la falta de medios humanos y técnicos... estos y otros asuntos policiales aguardaban una respuesta, la del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Tras años de ninguneo y desdén por los problemas que afectan a los agentes, el pasado lunes acudía a la reunión del Consejo de la Policía, en la que todo fueron buenas palabras.

Pero de palabras saben mucho los policías nacionales, acostumbrados al incumplimiento de muchas de esas promesas y pactos firmados. Uno de esos acuerdos es el de la equiparación salarial. Si bien en los últimos años los agentes han experimentado subidas salariales, lejos están aún de poder equiparse a otras Policías del Estado como los Mossos d'Esquadra o la Ertzaintza,  llegando a cobrar hasta un 20% menos al mes. Por este motivo, los sindicatos presentes en ese Consejo de la Policía (JUPOL-ASP, CEP, SUP, SPP, UPF y EYA) insistieron en la necesidad de cumplir con la cláusula octava del Acuerdo de Equiparación firmado en 2018, que establece que el Ministerio del Interior impulsará las medidas legislativas que sean necesarias para garantizar que en el futuro no se pueda producir una disfunción salarial entre las policías que realicen las mismas funciones.

Sobra decir que los 807 millones "invertidos" por el Ejecutivo en su día no fueron suficientes para equiparar las retribuciones de policías y guardias civiles con mossos o ertzainas. Tanto es así que, en noviembre de 2021, el asunto llegó hasta el Tribunal Supremo, donde la Sala Tercera admitió a trámite un recurso contencioso-administrativo por incumplimiento presentado por la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC). Hay que señalar que este acuerdo de equiparación afecta tanto a policías nacionales como a guardias civiles. Un año después, el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo de Madrid admitía a trámite otro recurso por el incumplimiento de la cláusula tercera del acuerdo, por la que el Ejecutivo debería destinar 100 millones de euros en cada ejercicio para incentivar el reingreso del personal de segunda actividad sin destino y reserva no ocupada.

En julio del pasado año, la Audiencia Nacional ordenaba al ministerio que dirige Grande-Marlaska que iniciara una renegociación para el cumplimiento de las cláusulas tercera y octava del acuerdo de equiparación salarial. Y a esta sentencia se refirió precisamente el titular de Interior para no comprometerse, ya que alegó que no se trata de una sentencia firme. Sin embargo, se comprometió a seguir subiendo el salario a los agentes, siempre que haya partida presupuestaria.

Pensiones: hasta 12.600 euros menos al año

Pero en esto de la equiparación hay más escollos. La negativa por parte del Ejecutivo de considerar como profesionales de riesgo a policías y guardias civiles afecta directamente a sus pensiones y a una jubilación digna. Un rechazo que llama la atención, no solo por el aumento visible de agresiones que sufren estos agentes, sino porque otros cuerpos policiales como la Ertzaintza y las Policías Locales sí forman parte de ese grupo denominado "de riesgo". Y es que más allá de disputas políticas, esta decisión responde a una mera cuestión económica, que ahonda en el agravio comparativo ya existente entre Policías del Estado.

Mientras un policía autonómico se puede jubilar a los 59 años con el 100% de su prestación por jubilación, un guardia civil tiene que esperar a los 65 para no ver mermada su pensión. Siempre existe la opción de prejubilarse, entre los 55 y 58 años, pero no cobrarían la pensión íntegra. En definitiva, los cuerpos estatales sufrirían una pérdida retributiva en torno al 30% y en el mejor de los casos terminarían percibiendo una pensión de 1.623,85 euros frente a los 2.819,16 que percibe un mosso. Así, un agente de la Benemérita o un policía nacional jubilado cobrarán hasta 12.625 euros menos al año que un policía autonómico.

En la última reunión del Consejo de Policía, Grande-Marlaska manifestó que en esta legislatura, uno de sus objetivos es que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "tengan una jubilación como profesión de riesgo", como tienen ya otras Policías españolas. Es más, según fuentes policiales, insistió en que esta medida "está por encima de cualquier punto o reivindicación" de las tratadas en el Consejo.

Cesión de inmigración y ley de amnistía

En el ámbito político, uno de los temas que más preocupa a los agentes es la pérdida de competencias que están padeciendo. La última viene marcada por la cesión de Pedro Sánchez a los independentistas de Junts y afecta directamente a sus competencias en extranjería. Desde los sindicatos el miedo a "ser expulsados" de Cataluña si finalmente las competencias de migración son traspasadas a los mossos. En este punto, el ministro del Interior se mostró conciliador y aseguró que "en cinco años no ha traspasado ninguna competencia de la Policía Nacional, y no se va a traspasar competencias de Interior en materia de extranjería a los Mossos". Es más, recordó que el propio presidente del Gobierno había dejado claro que "las políticas de control de fronteras están en manos de la Administración del Estado". 

También mostraron su preocupación por una ley, la de amnistía, que "equipara a los policías que defendieron la Unidad de España con los delincuentes que fueron condenados por el Supremo por un delito de sedición". En ese sentido, pidieron la libre absolución para todos los agentes que a día de hoy siguen sufriendo una pena de banquillo y están inmersos en un largo y humillante proceso judicial". Por su parte, Grande-Marlaska aseguró que desde el Gobierno están trabajando para que ninguno de los agentes que participaron en el dispositivo policial para impedir el referéndum del 1-O se vea inmerso en un procedimiento judicial.

Turnos, dietas, condecoraciones...

Durante la reunión con el ministro del Interior fueron muchos los temas que salieron a relucir y que afectan al día a día de los policías. La implementación fija y definitiva del sexto turno (6x6); la actualización de las dietas, que no se modifican desde 2005; la actualización también del catálogo de puestos de trabajo, que aseguran está obsoleto; el derecho a huelga de los policías nacionales; protocolos para el uso de la fuerza y del arma de fuego o la reclasificación de los agentes de Escala Básica al Grupo B de funcionarios.

También se habló de la pérdida de servicios y compañías en MUFACE, que tanto afecta al tratamiento de enfermedades graves, así como la necesidad de aumentar el Programa de Acción Social. Los agentes insistieron también en la falta de efectivos y recursos materiales... y un tema polémico: la ley de condecoraciones. Y es que, según han denunciado los sindicatos, son numerosas las ocasiones en las que se entregan "cientos de cruces a personas ajenas a la Policía Nacional, mientras compañeros en activo que lo merecen no son condecorados".

En definitiva, los frentes abiertos son innumerables y por el momento, Grande-Marlaska se ha limitado a mostrar una postura amable y conciliadora. Habrá que ver qué sucede con la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, uno de los grandes escollos de esta legislatura y objetivo prioritario de los independentistas y socios de Sánchez.