Sánchez urge al TS a permitirle asistir a la investidura para no «frustrar la voluntad» de los votantes independentistas

Tras desistir de acudir al TEDH, recurre en apelación la negativa de Llarena a otorgarle el permiso para asistir a su investidura

Jordi Sánchez quiere que el Tribunal Supremo (TS) decida de forma "urgente"sobre su solicitud de permiso para someterse a la investidura en el Parlament, denegada el pasado viernes por el juez Pablo Llarena, instructor de la macrocausa por rebelión contra los principales responsables del proceso independentista. Tras renunciar in extremis a involucrar en su demanda al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), la defensa del ex presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) ha presentado esta misma mañana un recurso de apelación que forzará a pronunciarse a la Sala Penal del TS, que previsiblemente respaldará la decisión de Llarena y mantendrá en la cárcel a Sánchez, donde permanece desde el pasado 16 de octubre.

En su escrito, el letrado Jordi Pina reclama que la Sala resuelva el recurso "con la máxima celeridad posible"dada la "suma excepcionalidad de los intereses en juego", no sólo los derechos de participación política del líder soberanista sino, añade, "de los millones de votantes de los partidos que eventualmente apoyarían su investidura". Y es que para su defensa mantener en prisión a Sánchez supone frustrar "la voluntad de los más de dos millones de personas que en las elecciones votaron a partidos políticos que eventualmente podrían dar apoyo"a su candidatura como nuevo presidente de la Generalitat.

El presidente del Parlament, se queja, "no puede esperar indefinidamente a saber si el candidato Jordi Sànchez podrá o no acudir al Pleno", por lo que demorar una respuesta a su petición de permiso para asistir a la investidura, puede desbaratar de forma "irremediable"su derecho a sere investido, "lo que sucederá si su candidatura se considera definitivamente decaída por el presidente del Parlament y éste decide dar paso a otros candidatos"(tras la negativa de Llarena, Roger Torrent aplazó sine die el Pleno que estaba convocado para hoy para que el líder de ANC se sometiese a la investidura).

Además, la defensa de Sánchez cree que la decisión de Llarena supone la imposición "de un castigo anticipado, pues se le está incapacitando de facto para el ejercicio de un cargo público sin haber sido declarado culpable de ningún delito", al tiempo que se impide al Parlament "escoger al candidato con más apoyos".

Para el letrado es "sencillamente inaudito"que el juez Llarena efectúe en su resolución "manifestaciones acerca de la oportunidad política de elegir a unos candidatos y no a otros por parte de un Parlamento"(el magistrado aseguró que Sánchez ya estaba en prisión cuando se le incluyó en la lista de Junts per Catalunya y que entonces "no ofrecía para sus electores el liderazgo que ahora reclama", por lo que puede ser sustituido por otro candidato en el que no concurra riesgo de reiteración delictiva).

Precisamente ese riesgo esgrimido por Llarena de que durante el hipotético traslado del líder soberanista de prisión al Parlament pudiesen producirse incidentes ha soliviantado a la defensa de Sánchez, que asegura que no hay "justificación alguna"para sostener esa posibilidad "sin citar un solo dato que avale tal afirmación", que considera basada "en puras intuiciones personales". Ni siquiera, dice, la reiteración en esa conducta rebelde que se le imputa podría cometerse desde la tribuna de oradores del Parlament durante su discurso de investidura (reafirmando, por ejemplo, su apuesta por la independencia al margen de las vías legales), pues sostener ese supuesto, se queja, sólo es posible "pasando absolutamente por alto la inviolabilidad reconocida constitucional y estatutariamente a los parlamentarios".