Sánchez anuncia la movilización de 50.000 viviendas de la SAREB para alquiler asequible

El Gobierno cerró el pasado viernes un acuerdo con sus socios prioritarios, ERC y EH Bildu, para desatascar la ley de vivienda, tras varios meses encallada en el Congreso de los Diputados. Esta norma -bandera y compromiso de la coalición desde el inicio de su andadura, allá por 2020- se antoja el mejor revulsivo electoral para afrontar la campaña del próximo 28 de mayo. De hecho, el PSOE, que ha celebrado durante este fin de semana su Conferencia Municipal en Valencia, ha utilizado la inminente legislación como el eje vertebrador del cónclave.

A modo de cierre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aprovechó para seguir desgranando algunas de las medidas que incluirá esta legislación y reservarse un anuncio "potente", según su entorno. El jefe del Ejecutivo adelantó que el próximo martes, el Consejo de Ministros aprobará un plan para movilizar hasta 50.000 viviendas de la SAREB para alquiler asequible. De estas, 21.000 inmuebles se pondrán al servicio de los municipios y las comunidades autónomas y se impulsará el alquiler social en las 14.000 viviendas ya habitadas de ese parque. Además, se promoverá la construcción de hasta 15.000 viviendas públicas en suelos disponibles de la SAREB.

El presidente lamentó que España sea el tercer país de la Unión Europea que más viviendas vacías tiene y, en cambio, el que menos vivienda pública atesora: solo un 3 por ciento. En este sentido, Sánchez se comprometió a que nuestro país escale hasta el 20% de vivienda pública para garantizar "una mayor accesibilidad a la vivienda de los jóvenes" y de esta manera promover la bajada de la edad de emancipación, "porque si aumentamos la oferta con más vivienda pública, estaremos amortiguando la evolución del precio total de la vivienda en nuestro país", dijo.

Tras producirse el anuncio del presidente del Gobierno, desde sus socios de Unidas Podemos se apresuraron a reclamar la maternidad de la medida. Lo hizo la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, que ha quedado eclipsada en todo lo relativo al capital político de la legislación de vivienda. En un mensaje en su cuenta de Twitter, Belarra reivindicó que, desde su partido, "llevamos mucho tiempo reclamando una obviedad, que todas las viviendas de la SAREB deben estar a disposición del parque público de vivienda en alquiler de las CC AA. Ojalá avanzáramos más rápido, pero esta es la forma de revalidar la confianza de la ciudadanía en el Gobierno".

Entre las propuestas de la nueva ley destacan dos asuntos que han generado fricciones durante las negociaciones. El primero, en lo relativo a los «grandes tenedores» de vivienda, que pasan de los 10, que proponía el PSOE, a los cinco inmuebles, como querían sus socios. Las comunidades autónomas podrán, en función de sus competencias y en virtud de sus realidades, rebajar la condición de «gran tenedor» de esos 10 hasta los cinco.

Una previsión que deja la norma a salvo de recursos por invasión competencial, pero que condiciona su aplicación en regiones como la Comunidad de Madrid. En cuanto al alquiler y para evitar aumentos descontrolados de los precios, se establece que para 2023 se mantendrá el 2% de tope actual y que a partir de 2025 se creará un nuevo índice de referencia, más estable e inferior a la evolución del IPC, para limitar el alza en las renovaciones anuales. Durante el año 2024 operará el 3%.

El Gobierno quiere que la normativa esté en vigor antes de la celebración de las elecciones municipales y autonómicas, consciente de que va a ser un elemento movilizador para su electorado y el de sus socios de coalición, a los que también necesita en una situación pujante para mantener las alianzas o entablar algunas nuevas que les permitan conquistar nuevos gobiernos.