Sánchez asume que el juicio del «procés» decidirá la legislatura

Moncloa espera que los soberanistas no bloqueen las cuentas. En caso contrario, «habrá elecciones».

El presidente del Gobierno relativiza la trascendencia de su reunión con Quim Torra a tres días de su eventual celebración. En Moncloa señalan que no hay nada cerrado y que todavía «no han recibido respuesta», aunque trasladan su «confianza» en que finalmente llegue a producirse. «Nosotros ya hemos dado el paso, ahora depende de Torra», apuntan, dejando en manos del Govern que finalmente se materialice la cita. Sin embargo, en el Ejecutivo restan importancia a la reunión del 21 de diciembre y señalan que lo realmente relevante, lo que marcará el futuro de la legislatura y el horizonte político de Pedro Sánchez será la resolución del juicio del «procés». De ello depende tanto la aprobación de los Presupuestos como el proyecto de resolución de la crisis territorial. «Lo importante no es el viernes –en alusión a la reunión– sino el devenir del juicio», destacan fuentes cercanas al presidente. El propio Sánchez reconoce que hasta que no haya una sentencia y se resuelva ese escenario no será posible trasladar «una propuesta política», capaz de atajar el conflicto político que vive Cataluña. Una propuesta que, en todo caso, según anticipa el jefe del Ejecutivo debe promoverse primero a través de un pacto entre catalanes.

Sánchez espera que exista «buena interlocución» y la cita esté marcada por la «normalidad» que tendría en cualquier otra ciudad, como ya ocurrió en Sevilla. Este «modus operandi» andaluz es precisamente el que Moncloa quiere imponer al encuentro, esto es, un formato bilateral, en lugar de la «cumbre» ampliada que promueve la Generalitat. En el Gobierno cuestionan la idoneidad de la foto con Torra –tras los disturbios o su llamamiento a la violenta «vía eslovena»– pero entienden que debe producirse esta reunión en aras de la citada normalidad.

La soledad de Torra o la falta de una estrategia común del independentismo para relacionarse con el Estado son solo dos de los elementos que marcarán la interlocución del Gobierno con unos socios que se antojan imprescindibles para tasar la duración de la legislatura. El punto de inflexión para fijar cuánto se anticipará la convocatoria electoral –si será en mayo o en otoño– estará en la aprobación de las cuentas, que llegarán al Congreso a mediados de enero. «Si no se aprueban los Presupuestos, habrá elecciones», resume resuelto el entorno de Sánchez. Y la aprobación de las cuentas vuelve a pender del hilo del juicio del «procés» y de la calificación final que la Fiscalía haga de los delitos de los líderes del «procés». Esto es, si se retira o no el delito de rebelión. En el Gobierno confían en que hasta ese momento las fuerzas independentistas no bloqueen –aprobando las enmiendas a la totalidad de PP y Ciudadanos– el inicio de la tramitación parlamentaria de los Presupuestos. Dando así una «prórroga» que el Gobierno aprovechará para seguir legislando y aprobando a través de reales decretos iniciativas que han desligado de las cuentas públicas, tales como subida del Salario Mínimo, revalorización de las pensiones o subsidio para mayores de 52 años, entre otras cuestiones. Tampoco descartan que, una vez en superado el debate a la totalidad puedan salir adelante. Recuerdan que históricamente unos presupuestos nunca se han visto frustrados en esta etapa y Sánchez está resuelto a defenderlos aunque sepa de antemano que no cuenta con los apoyos suficientes para su aprobación. Sea cual sea el resultado del juicio del «procés», éste sentenciará no solo a los líderes catalanes, sino también la legislatura de Sánchez.