Sánchez busca urnas para tapar el juicio a Ábalos

El disimulo tiene poco recorrido. La verdadera amenaza para Pedro Sánchez no está en el Congreso ni en la ausencia de Presupuestos, ni en que incluso esta semana se enfrente al riesgo de que el Parlamento tumbe el embargo de armas a Israel. La agenda parlamentaria es irrelevante para Moncloa. Que no les voten lo dan por amortizado, aunque cada semana crezca el desgaste y la debilidad. Aquí, lo único que importa es la agenda judicial, con el exministro José Luis Ábalos situado estos días en el centro del problema, y extendiendo la mancha sobre la financiación del partido. El sanchismo es un grupo hermético y pequeño, que funciona al día en la elaboración de la estrategia, pero, a partir de lo que están haciendo, cada vez se abre más paso entre los barones socialistas la idea de que en Moncloa trabajan para buscar el hueco oportuno para convocar elecciones y «romper» la agenda judicial.

El último informe de la UCO ha encendido nuevas alarmas respecto a las similitudes entre lo que se está conociendo y el «caso Bárcenas». En los documentos aparecen pagos a terceros, gastos personales, aportaciones a una fundación e incluso conversaciones en las que se alude a sobres de dinero con el logo del PSOE.

Ferraz insiste en que no hay financiación ilegal, que todo está documentado y que se trata de liquidaciones de gastos con comprobantes. Pero el boceto empieza a coger una forma que asusta dentro del partido y que obliga a echar el freno a los socios, que desde un primer momento se han refugiado en la excusa de que, mientras el PSOE como partido no esté implicado, aquí no pasa nada porque son otras tres manzanas podridas, esta vez en el cesto de Sánchez, que les incomoda menos que el que en su día tuvo el PP de Rajoy.

El presidente del Gobierno no puede permitir que Ábalos y compañía se conviertan en los rostros de un juicio oral en plena legislatura. El espectáculo sería devastador y, por eso, si encontrasen una salida razonable en los próximos meses, unas elecciones les permitirían cortocircuitar el calendario judicial, cuanto menos retrasarlo. Ábalos no repetiría como diputado y perdería su aforamiento, lo que debería llevar a que su causa pasase a la Audiencia Nacional, dejando al Supremo atrás, con lo que esto supondría de retraso añadido para un proceso que no es el que está más avanzado en la actualidad. En las últimas semanas, dirigentes autonómicos y barones socialistas transmiten parecidas impresiones sobre su apuesta por que Sánchez está ya «entrenándose» para ir a elecciones.

La agenda del presidente, a dónde va y para qué; su discurso, si cabe cada vez más polarizado, incluso aunque por medio estén temas de Estado; o la obsesión con agitar a la izquierda contra la derecha, contra la judicatura, y contra todo lo que les sirva para generar tensiones entre el PP y Vox y engordar un relato de resistencia que sea beneficioso para movilizar a las bases de izquierdas. Moncloa vuelve a seguir la senda de dos años atrás, cuando también decía que no se creía las encuestas, y quiere confiar, además, en esa movilización que siempre impacta en la izquierda cuando se aproximan elecciones.

«Está preparando el terreno. Lo que quiere es llegar a las urnas con la izquierda movilizada y sin el ruido de los juicios encima», señala un líder regional. Ese cálculo, aseguran, es compartido incluso por quienes no son favorables a un adelanto electoral: la mayoría cree que el calendario judicial hace inviable estirar la legislatura hasta 2027. El dilema afecta también a los aliados parlamentarios. PNV y Junts saben que la legislatura está acabada, pero no encuentran la salida de su propio laberinto.

El PNV teme que, en unas elecciones polarizadas entre Sánchez y Feijóo, sus escaños se diluyan y hasta pueda quedarse sin grupo parlamentario. Junts, mientras tanto, necesita que la Ley de Amnistía quede firme antes de cualquier movimiento: si Puigdemont regresa a España, a Sánchez ya no le quedará nada que ofrecerle para mantenerse, en teoría, en el redil.

Aun así, es evidente que hay en marcha una operación para acelerar la resolución de los recursos en el Tribunal Constitucional, como ha exigido Carles Puigdemont, para que, una vez cerrados, el expresidente pueda regresar a Cataluña.

En suma, la agenda judicial es la espada de Damocles de la legislatura. El último informe de la UCO sobre el patrimonio de Ábalos es la confirmación, para la oposición, de la presunta financiación irregular del PSOE. Para los socios, un impulso hacia adelante en la búsqueda de la coartada perfecta para desvincularse, si llega el momento. Y para Sánchez, es el recordatorio de que su futuro político no se juega en el Congreso, sino en los tribunales.

La conclusión que comparten dirigentes del PSOE es unánime: la legislatura ya no la marcan los presupuestos ni las leyes, sino los jueces. Sánchez ha demostrado que puede gobernar con decretos, sin apoyos estables y con votaciones ajustadas. Lo que no puede controlar es un desfile de exministros y colaboradores ante los tribunales. Y antes, el fiscal general del Estado y, probablemente, también su entorno.