Sánchez desclasifica los secretos anteriores a 1981 para contentar al PNV

Pedro Sánchez pasa de nuevo por la caja del PNV. El Ejecutivo ha aprobado este martes el anteproyecto de Ley de Información Clasificada que sacará a la luz de un plumazo todos los documentos clasificados hace 45 años o más En el tintero se quedan los archivos relativos a la intentona golpista del 23 de febrero de 1981, de la que han pasado 44 años y cuatro meses.

Todos los posteriores a esa fecha, incluidos los relativos al 23-F, se irán desclasificando a medida que cumplan los plazos previstos en la nueva ley: hasta 60 años para los de “alto secreto”; -por una prórroga motivada de otros 15 años-; 45 para los “secretos”; entre 7 y 9 para los “confidenciales”; y 4 o 5 para los “restringidos.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha explicado que "si la tramitación parlamentaria fuera una tramitación rápida, la nueva ley podría estar en el BOE en el ultimo trimestre de este año". "Si fuera así, entraría en vigor en el último trimestre de 2026. Ahí se tendría que hacer la cuenta de los 45 años e incluiría el año 1981 y anteriores. Es decir, entraría el año del 23-F, que se desclasificaría automáticamente, salvo aquello que afectara a la seguridad nacional y la defensa. Y todos los años anteriores de inicio de la democracia y, por supuesto, la dictadura. Siempre y cuando no se valore, justifique o motive que haya alguna causa superior de seguridad nacional o defensa que haga recomendable que siga clasificado algún documento. Por supuesto, eso además de hacerlo de oficio, lo pueden pedir personas que tengan interés profesional o personal. Y, si hay discrepancias, será la sala tercera de lo contencioso administrativo del Supremo quien tome la decisión definitiva", ha zanjado el ministro.

La norma contempla una disposición transitoria que precisa que solo en el caso de que se “aprecie motivadamente y de forma excepcional que perdura la amenaza o el perjuicio para la seguridad y defensa nacional”, podrá mantenerse bajo llave algún documento de esa época y esta decisión deberá revisarse con carácter anual.

El proyecto estipula que la información relativa a grandes violaciones de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad no podrá ser objeto de clasificación. E introduce un régimen sancionador administrativo para quien desvele información clasificada con sanciones que van desde los 30.000 euros en los supuestos menos graves a los 2,5 millones de euros en los más graves.

No obstante, algunos socios del Ejecutivo recelan. La portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, se ha mostrado escéptica: «Si sigue la línea de la propuesta de la anterior legislatura, será insuficiente y mantendrá en la impunidad y en el silencio los sucesos ocultos de estas décadas. Los plazos son excesivos. De momento solo conocemos los titulares. Analizaremos a fondo la propuesta, pero todo parece indicar que es una propuesta muy similar a la que se hizo en la anterior legislatura. En su día la calificamos de insuficiente», ha dicho.

La gestión de los secretos oficiales es una competencia que maneja el departamento del titular de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, desde hace casi tres años. El presidente del Gobierno se le dio en detrimento de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Bolaños, en aquel momento enfrentado a Robles tras el lío de Pegasus por la responsabilidad sobre la protección del teléfono de Sánchez, ganó aquel pulso que se entendió como un gesto hacia los aliados independentistas del Ejecutivo.

Bolaños se reunió ERC cuando trascendió que al menos 18 políticos independentistas fueron espiados con Pegasus por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Ese viaje desató la ira de Robles, quien tuvo que tragar con el cese de su número dos al frente de la inteligencia española, Paz Esteban, cuya cabeza fue ofrecida los independentistas.

Sánchez no quería que los secretos oficiales se controlaran en un departamento donde trabajan fuerzas que algunos sectores del PSOE y, sobre todo, los socios de izquierda e independentistas, consideran hostiles a la coalición, como el propio CNI o algunos cargos militares.

El anteproyecto de este martes será el enésimo intento para quitar el candado a una ley que se redactó en 1968, en plena dictadura, y que se retocó ligeramente en 1978, antes de que se aprobara la Constitución. Su aspecto más criticado es que la clasificación automática de documentos no tiene límites temporales: los secretos pueden prolongarse indefinidamente sin caducidad. Y solo el Consejo de Ministros y el Estado Mayor de la Defensa pueden clasificar y desclasificar en los niveles mayores.

El PNV ha presentado en los últimos años hasta cuatro iniciativas para reformarla. Pero todas, que fueron admitidas a trámite, se perdieron en el limbo de la tramitación parlamentaria. Es más, el Gobierno perfiló un texto la legislatura pasara que también se quedó en el cajón cuando se disolvieron las Cortes.