El Gobierno no quiere molestar a Bildu porque la izquierda abertzale se ha convertido en un socio determinante y fiable para que Pedro Sánchez sobreviva en Moncloa. En este sentido, ETA se ha colado por medio en las relaciones entre Bildu y el Gobierno y se van acumulando los gestos por parte de Sánchez: además de aprobar una ley para acelerar la excarcelación de etarras, ahora el Ministerio del Interior niega pruebas al Congreso sobre si 43 terroristas incluidos en las listas electorales de Bildu para las elecciones municipales de 2023 se han arrepentido. Así se desprende de una respuesta parlamentaria por escrito del Gobierno, publicada ayer en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En concreto, la pregunta por escrito es del PP, encabezada por las diputadas Cuca Gamarra y Ana Vázquez, y plantea lo siguiente: «En el momento de tramitar las subvenciones a partidos políticos con motivo de las elecciones municipales de 2023, ¿comprobó el Ministerio de Interior que el terrorista incluido en las listas electorales de Bildu de las elecciones municipales de 2023 (una pregunta con el nombre de cada uno de los 45 terroristas) se hubiera arrepentido públicamente y hubiera rechazado de manera personal y expresa los medios utilizados, dando cumplimiento así a lo establecido en la LOREG?».

De ser «sí» la respuesta del Gobierno, el PP plantea dos preguntas más: «¿Cuándo y qué organismo llevó a cabo la citada comprobación?» y «¿En qué momento y dónde consta el arrepentimiento y rechazo público personal y expreso a los medios utilizados?».

Sin embargo, como viene siendo habitual, el Gobierno esquiva todas las cuestiones espinosas en el Congreso y se niega a responder con concreción a las preguntas. Para evitar responder «no» en el sentido de que no hay pruebas explícitas del arrepentimiento de los terroristas, el Gobierno se limita a recoger «declaraciones individuales» firmadas por representantes de Bildu, donde señalaban que se alineaban con «las bases ideológicas y objetivos políticos» del partido y rechazaban «con ello cualquier acto o actividad que suponga agresión o violación a cualquier derecho humano y al uso de la violencia para la consecución de objetivos políticos». Si bien, ni rastro de arrepentimiento.

Lo cierto es que cabe recordar que, en plena campaña electoral de las municipales, Covite salió al paso para denunciar que Bildu incorporaba en sus listas a 44 terroristas por su pasado en ETA y siete de ellos tenían a sus espaldas condenas por asesinato. Eso generó un enorme revuelo, aunque las relaciones entre el Gobierno y Bildu no han ido a menos si no a más, como se ha podido comprobar con la alianza posterior que hubo meses después para que la izquierda abertzale se quedara con la alcaldía de Pamplona gracias al apoyo del PSN.

El año pasado, el PP llevó al Congreso una ley para evitar que los condenados por terrorismo puedan ir en listas electorales si no se han arrepentido. De hecho, los populares exigían pruebas documentales de ese arrepentimiento. Finalmente, la mayoría de la investidura, en bloque, rechazó la iniciativa de los populares en el Congreso. La legislación electoral solo impide que sean elegibles los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de terrorismo siempre y cuando se haya establecido la pena de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo o la de inhabilitación para empleo o cargo público.

De esta manera, el PP quería ir un paso más allá de lo que ocurre ahora con la jurisprudencia penitenciaria, donde se valora que los terroristas muestren arrepentimiento para poder progresar de grado y obtener beneficios penitenciarios. No obstante, también se han generado bastantes dudas interpretativas a nivel judicial sobre este asunto.

Además, el PP también pregunta sobre qué actuaciones tiene previsto llevar a cabo Interior ante el informe del Tribunal de Cuentas que insta a revisar las subvenciones a Bildu por incluir a terroristas no arrepentidos en las listas para las elecciones municipales de 2023. Ante esto, el Gobierno responde que se procedió «a realizar distintas actuaciones de comprobación y tramitación» sobre los terroristas y, finalmente, las distintas actuaciones «realizadas fueron remitidas al Tribunal de Cuentas», aunque no se han entregado al Congreso. De hecho, entre las alegaciones de los miembros de Bildu que el Gobierno da a entender como arrepentimiento figuran las «declaraciones individuales» firmadas por representantes de Bildu, donde rechazaban cualquier «agresión o violación a cualquier derecho humano» y «el uso de la violencia para la consecución de objetivos políticos». Es decir, tampoco hay arrepentimiento.