Sánchez ofrece votar un Estatut con artículos tumbados por el TC

El presidente del Gobierno insiste en que los catalanes voten para dar salida al «procés», aunque rechaza un referéndum de autodeterminación.

Tras varios días en los que Quim Torra ha dirigido diversas advertencias contra Pedro Sánchez por la ausencia de una propuesta política para Cataluña, el presidente del Gobierno respondió ayer con la oferta de un referéndum para fortaceler el autogobierno. Para Sánchez, este es el planteamiento que mayor consenso genera en la sociedad catalana –así lo han reflejado la mayoría de encuestas que se han ido publicando al respecto–, aunque también tiene asumido de que no hay margen para abordar este proyecto hasta que no se desinflame el clima y permita abrir negociaciones que den la posibilidad de romper la dinámica de bloques y posibiliten nuevas mayorías, algo que no ocurrirá hasta que no se dirima el futuro judicial para los líderes del «procés».

El plan de Sánchez, apalabrado con el PSC en la Declaración de Barcelona sellada el 14 de julio de 2017, pasa por recuperar algunos de los 14 artículos declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional, además de blindar algunas competencias. «Cataluña tiene un Estatuto que no se votó», afirmó ayer en una entrevista en la «Cadena Ser», por eso «el hecho final debe ser una votación, aunque no sobre la autodeterminación», matizó. Entre los elementos que el gobierno socialista estaría dispuesto a recuperar están el Consejo de Justicia de Cataluña como organismo que pueda asumir las competencias del Consejo General del Poder Judicial en la autonomía–ocho de los 14 artículos anulados eran referentes a las atribuciones que tendría este organismo–, o la capacidad legislativa de la Generalitat para establecer y regular tributos propios de los gobiernos locales. Además de estos artículos, el documento pactado entre el PSOE y el PSC aludía al trapaso de algunas competencias en materia sanitaria, de protección civil o salvamento marítimo, y el refuerzo de la participación de la administración catalana en inmigración.

Pero la Declaración de Barcelona, compuesta por siete puntos, no solo ponía los pilares de un futuro desarrollo o reforma del Estatuto, sino que iba más allá y ponía también las bases de la reforma federal de la Consittución. En este apartado, PSOE y PSC convinieron en que la nueva Carta Magna debería de incluir el reconocimiento de las aspiraciones nacionales de Cataluña; un nuevo criterio para el reparto de competencias con la Generalitat que mejore el «autogobierno»; una reforma del sistema de financiación autonómica; y un nuevo Senado federal como mecanismo de representación territorial de las autonomías que faciliten su participación en la toma de decisiones en el ámbito estatal.

Algunos de estos cuatro aspectos, también son desarrollados en otras partes del documento. Así, por ejemplo, se abordan con detalle algunas materias sensibles como la lengua –con la aprobación de una Ley Orgánica que reconozca y dé amparo a la pluralidad lingüística– y la cultura –que pasaría por la presencia de Cataluña y su cultura en la Unesco–, o las infraestructuras. En este apartado, únicamente se aspira a subsanar los déficits de inversiones que sufre Cataluña.

La oferta política de Sánchez, en cualquier caso, no solo cosechó las críticas de PP y Cs sino que también recogió la insatisfacción de los partidos independentistas. Tanto ERC como el Govern rebatieron al presidente del Gobierno que el consenso social en Cataluña radica en un referéndum de autodeterminación y no en una mejora del Estatuto, pantalla que ya consideran superada. Así, la portavoz de los republicanos, Marta Vilalta, recordó que los catalanes no han salido durante los últimos 10 años para «pedir un nuevo Estatuto o más autogobierno, sino que esperan otra respuesta de Sánchez». A pesar de ello, en ERC exhiben cautelas y reconocen que el independentismo precisa ganar músculo, algo que pretenden conseguirlo con gestión y también apostando por calmar las aguas. Por su parte, la portavoz del Govern, Elsa Artadi, recordó que el Estatuto «ya se votó pero no se respetó» y exigió a Sánchez más concreciones sobre su propuesta.

Finalmente, el líder del PP, Pablo Casado, puso bajo sospecha la consulta que pretende impulsar Sánchez al considerar que forman parte de las contrapartidas que debe al independentismo y aseguró que no hay margen para seguir ampliando las competencias que ya dispone Cataluña. Por su parte, el líder de Cs, Albert Rivera, recordó que muchos de los artículos que pretende recuperar Sánchez fueron declarados inconstitucionales y por tanto, serían «ilegales». Sólo Podemos se alineó con Sánchez.