Sánchez se pliega a Puigdemont y despeja su vuelta

El acuerdo político para una amnistía total, al que Moncloa y Junts llegaron en las reuniones y conversaciones opacas que mantuvieron durante la campaña de las pasadas elecciones gallegas, se concreta por fin en el texto con los cambios negociados que aprobará hoy la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, negó en una entrevista en "Al Rojo Vivo", en "La Sexta", que fuera a introducirse cambio alguno en el texto ya pactado y que el pleno del Congreso rechazó inicialmente con el voto en contra de Junts, por considerar que eran insuficientes las garantías que se daban. Rechazó que fuera a haber modificaciones el presidente y otros portavoces del Gobierno y del partido, y el lunes lo hacía la portavoz socialista en una rueda de prensa en Ferraz. Ayer, Sánchez reconoció por fin que se habían plegado a la exigencia de cambios y a esa amnistía íntegra y plena, que se prevé que incluya todos los casos de terrorismo y también los delitos de alta traición al Estado.

PSOE, ERC y Junts anunciaron en un breve comunicado a última hora que habían llegado a un acuerdo, aunque evitaron desvelar qué cambios van a introducir en la ley de amnistía. Justo antes de que dé inicio a las 11 horas la sesión de la Comisión de Justicia en la que se debatirá el texto, se dará a conocer la «transacción única» que han fraguado con las enmiendas que quedaban vivas.

El presidente justifica su cambio de opinión en la conveniencia de pasar página de todos los procedimientos judiciales abiertos con motivo de la declaración unilateral de independencia y el referéndum ilegal. Hasta ayer, la consigna oficial era que no se iban a introducir modificaciones porque esto podría en riesgo la constitucionalidad de la amnistía y que el texto no pasase el filtro del Tribunal Constitucional y, sobre todo, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Una de las claves que tienen más presente los tribunales concernidos directamente por la ley de amnistía es la que afecta al levantamiento de las medidas cautelares sobre todos los independentistas implicados en el «procés», porque tanto en la Audiencia Nacional como en el Tribunal Supremo dan por descontado que esto permitirá que Carles Puigdemont regrese a España al día siguiente de la entrada en vigor de la ley.

De la misma manera, en este ámbito jurídico también hay confianza en que el TJUE tumbe la amnistía, en un margen de tiempo que se estima que se alargue durante meses, lo que obligaría a Puigdemont a volver a darse a la fuga para evitar a la Justicia española.

Pero, entre tanto, el expresidente de la Generalitat ganaría ese tiempo para poder hacer política en España e interferir incluso en la campaña de las próximas elecciones catalanas. Esto sería una bala de oro para Junts, que jugaría con esa ventaja frente a ERC y, sobre todo, frente a Oriol Junqueras, a quien no se le levantará presumiblemente su pena de inhabilitación por la condena del Tribunal Supremo.

En la competencia entre Junts y ERC, en la ventaja que cada parte saca del blindaje de la impunidad, hay que incluir la variable de las tensiones internas que existen en la formación republicana por las rencillas entre Pere Aragonès y su equipo, que quieren blindar su sala de mandos, y el entorno de Junqueras, que cree que se ha ganado en la cárcel algo más que una pensión de jubilación.

En previsión de que la ley se apruebe definitivamente la semana que viene en el Congreso, una vez que hoy salga adelante el texto en la Comisión de Justicia, la estimación de los plazos lleva a pensar que podría estar publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) más o menos para las elecciones europeas del próximo mes de junio. El PP estirará al máximo los tiempos de los que dispone en el Senado con el apoyo de la mayoría absoluta que tiene en esa Cámara para dilatar su tramitación, aunque tiene un máximo de dos meses.

Así, y una vez publicada la nueva ley, más allá de los nuevos cambios introducidos para blindar la amnistía íntegra que exige Junts, el expresidente de la Generalitat tendrían el camino despejado para regresar a Cataluña por todo lo alto, como el «mesías» que vuelve a casa para conducir a su pueblo a la tierra prometida de la independencia, Puigdemont lleva ya varios días dejando el mensaje de lo «volveremos a hacer», al que Moncloa resta importancia porque dicen que entra dentro de la obligada retórica independentista para animar a los suyos mientras, en paralelo, han entrado, supuestamente, en la misma senda de ERC de renuncia a la unilateralidad y de diálogo constructivo para «competir en Cataluña por temas que sean de interés directo para los catalanes».

Un pacto cerrado con los comicios gallegos de fondo

El acuerdo para desbloquear la amnistía lleva prácticamente cerrado desde hace tiempo, concretamente desde la última semana de campaña de las pasadas elecciones autonómicas gallegas del 18F. Tal y como adelantó LA RAZÓN, durante esos días tuvieron lugar una serie de reuniones entre Junts y el Gobierno con el objetivo de perfilar la redacción de la polémica norma y, a falta de unas pinceladas y pequeños detalles, en esas fechas de mediados de febrero se daba ya por «cerrado» un pacto secreto para sacar adelante la amnistía íntegra con las peticiones de los separatistas. Desde Moncloa, como informaba este periódico, el plan era hacer público el acuerdo después de esa cita con las urnas.