Nueva cortina de humo insertada desde el Palacio de la Moncloa. Con la detención de los españoles de la Flotilla sin efecto en la atención de la opinión pública a la espera de que se produzcan nuevas manifestaciones convocadas para el fin de semana, y ante la noticia de que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se sentará en el banquillo de los acusados el próximo 3 de noviembre , el líder de los socialistas ha anunciado esta mañana en sus redes sociales que el Gobierno llevará el blindaje del aborto en la Constitución al Congreso de los Diputados.

A raíz de la aprobación en el Ayuntamiento de Madrid de una iniciativa de Vox, con el respaldo del PP, para ofrecer información sobre el 'trauma posaborto' a las mujeres que interrumpan su embarazo, desde Moncloa se ha aprovechado la coyuntura para presentar una propuesta en la Cámara Baja tanto para "impedir que se proporcione información engañosa o contraria a la ciencia sobre el aborto" y para incluirlo en la Carta Magna.

Desde las filas populares, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ya ha rechazado la medida de Pedro Sánchez y ha señalado que se puede olvidar de "contar con el Partido Popular para reformar un texto que está incumpliendo", en referencia a las múltiples concesiones a los independentistas que han dañado los principios fundamentales de la Constitución. Por el momento, aunque salvo sorpresa mayúscula se mantendrá contraría a la propuesta del líder de los socialistas, el partido liderado por Santiago Abascal no se ha pronunciado sobre la propuesta.

Sánchez no tiene apoyos para blindar el derecho al aborto en la Constitución

Pese a que el líder de los socialistas haya optado por intentar blindar el aborto, la tensión en entre los socios de la coalición no han desaparecido. La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha recordado que Sumar ya planteó esa medida en marzo del año pasado y que desde Moncloa, bajo las órdenes de Pedro Sánchez, la propuesta fue descartada por la falta de consenso.

Ahora bien, fuera de las declaraciones y las posiciones de los diferentes líderes políticos, el impulsor de la medida no tiene los apoyos necesarios para cambiar la Carta Magna. Según el artículo 167 de la Constitución de 1978, que se utiliza para llevar a cabo reformas parciales, "los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de tres quintos (160 en el Senado y 210 en el Congreso de los Diputados) de cada una de las Cámaras".

"De no lograrse la aprobación mediante el procedimiento del apartado anterior, y siempre que el texto hubiere obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso, por mayoría de dos tercios, podrá aprobar la reforma". Es decir, que sin el apoyo de los populares la reforma no saldrá adelante. De la misma manera se recoge que no se podrán realizar reformas de la Constitución cuando el Gobierno se encuentre sumido en un estado de alarma o de excepción.