Santamaría confirma canales abiertos de diálogo continuo con Cataluña «dentro de la ley»

El Gobierno responde al «mantra» de la exigencia de diálogo con Artur Mas con la confirmación de que ya hay canales abiertos de diálogo institucional con el Gobierno catalán, dentro de la Ley, y en los que se abordan cuestiones como la aplicación del Fondo de Liquidez Autonómico o del plan de proveedores.

El Gobierno responde al «mantra» de la exigencia de diálogo con el presidente de la Generalitat, Artur Mas, con la confirmación de que ya hay canales abiertos de diálogo institucional con el Gobierno catalán, dentro de la Ley, y en los que se abordan cuestiones de interés para Cataluña como la aplicación del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) o del plan de proveedores. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, restó relevancia a la reunión que la pasada semana mantuvo con el consejero de Presidencia, Francesc Homs, porque, según resaltó, entra dentro de esos contactos habituales que mantienen las dos partes. En su caso, centralizados en la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, con quien habla, entre otras cuestiones, de la reforma de la Administración Pública. El diálogo «existe y es continuo», defendió. Artur Mas, el nacionalismo y hasta la oposición se han envuelto en la estrategia de demonizar la posición del Gobierno de Rajoy con el argumento de que no quiere negociar y de que está cerrado al diálogo. Un argumento que ayer desmintió la vicepresidenta.

En vísperas del debate en el Congreso sobre la exigencia del Parlamento catalán y de los grupos nacionalistas de que se ceda a la Generalitat la competencia exclusiva del Estado para que puedan convocar un referéndum de autodeterminación, desde el Ejecutivo destacan que su posición está fijada de antemano y recogida incluso en el escrito que el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, remitió al Parlamento ante la celebración del citado debate parlamentario.

Sáenz de Santamaría mantuvo el misterio sobre si será el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien tome la palabra ante el Pleno del Congreso, aunque subrayó que la línea argumental está trabajada y es, además, conocida por la opinión pública: la soberanía nacional es inquebrantable y en todo aquello que afecte al conjunto de los españoles no puede decidir sólo una parte. La vicepresidenta resaltó que en estos contactos con representantes de la Generalitat el Gobierno también ha sido muy claro en su «no» al referéndum de autodeterminación y a negociar sobre cuestiones que se sitúan fuera del marco constitucional.

A tres días del debate en la Cámara Baja, el Gobierno también cerró la puerta, con contundencia, a la idea del canje de cromos, es decir, por ejemplo, a una negociación bilateral de la mejora de la financiación de la Generalitat a cambio de que supuestamente frenen la ofensiva independentista. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, explicó que esta reforma del modelo de financiación es una cuestión pendiente que, efectivamente, el Gobierno va a abordar, pero de manera multilateral, con todas las comunidades autónomas, y no atendiendo sólo a intereses de parte.

Destacó, asimismo, que la financiación autonómica no afecta al crecimiento ni a la creación de empleo, y sí tiene que tener como principal objetivo garantizar la igualdad en el acceso de todos los españoles a los servicios públicos, con independencia de donde vivan. Éste es el criterio que regirá la negociación que se abordará con todas las comunidades una vez que se ponga en marcha la reforma fiscal, de la que dependen los nuevos criterios de reparto. «El sistema de financiación debe garantizar el acceso a los servicios públicos en condiciones de igualdad», sentenció Montoro.

El Gobierno, por tanto, mantiene viva una oferta de diálogo, dentro de los cauces legales, y a ella se remitirá en el debate parlamentario, pero no distraerá el foco de lo que entiende que debe ser el objetivo principal de esa sesión plenaria: que la sede de la soberanía nacional rechace mayoritariamente la exigencia nacionalista de tener poderes plenos para convocar un referéndum de autodeterminación.