Santos Cerdán pide al juez que le deje en libertad y que cite a agentes de la Guardia Civil

Santos Cerdán ha pedido al Tribunal Supremo que le deje en libertad. Tal y como avanzó LA RAZÓN, el que fuera número tres del PSOE ha vuelto a reclamar al magistrado Leopoldo Puente que le levante la medida cautelar de prisión y que, además, cite a nuevos testigos. En concreto, solicita que se cite a declarar al comandante de la Guardia Civil imputado en el caso Koldo, Rubén Villalba, y a otros compañeros de su antigua unidad.

En sendos escritos a los que ha tenido acceso este medio, la defensa del exdirigente socialista denuncia que se está produciendo "ocultación de información y construcciones argumentales paralelas" al tratarse de un caso de corrupción que se sigue en el Tribunal Supremo y en la Audiencia Nacional. Al hilo, agita la sospecha del lawfare al apuntar a una "hipotética desviación de poder de la Policía Judicial que podía haber contaminado el proceso":

Por ello, sostiene que la petición de excarcelación no es "una cortina de humo" o una "estratagema procesal", sino un movimiento necesario de "un ciudadano que se declara inocente y que, por su posición política y por su actividad como alto responsable del principal partido del Gobierno, ha sido el responsable de la negociación de iniciativas políticas que no han gustado a una parte importante de los poderes del Estado".

Denuncia manipulación de las pruebas

En otro escrito separado, Cerdán apunta a una manipulación de las fuentes de prueba incautadas por la Policía Judicial tras el estallido del caso. En concreto, pone el foco en unas grabaciones que efectuó el comisario de la Guardia Civil imputado en la causa, Rubén Villalba, a sus superiores dentro del Servicio de Información del Instituto Armado y solicita que se requiera a la UCO para que investigue cual era el motivo de la existencia del chat "K fontanería" por parte de miembros de dicho Servicio que estaban bajo las órdenes de Villalba.

Además, pide que se tome declaración en el Tribunal Supremo a los agentes que elaboraron los informes relativos a Villalba, también al propio comandante, a su jefe, y a sus subordinados. Del mismo modo, quieren que comparezcan los agentes de la Policía Judicial que practicaron las entradas y registros de Servinabar, la empresa epicentro de esta trama de corrupción administrada por una persona muy cercana a él.

Además, denuncia que no se le puede mantener en prisión provisional sin darle acceso al expediente completo de las diligencias y que la cárcel acordada por el magistrado en connivencia con la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares "no tiene cobertura constitucional". Precisamente su defensa interpuso recurso de amparo contra su encarcelamiento y se espera que lo relativo a su admisión a trámite se resuelva este mismo mes en sentido contrario al reclamado por sus letrados.

"¿Qué fuentes de prueba la UCO?"

Al hilo, los abogados de Cerdán reiteran que no hay indicios sólidos para enviarle a prisión y que los audios en los que se apoya la Unidad Central Operativa (UCO) y la Fiscalía para atribuirle un papel de liderazgo en esta trama de corrupción son "de origen desconocido". "No nos cansaremos de repetir que tanto el atestado de imputación de la UCO como el Auto de prisión provisional viene a transmutar acciones propias de la vida política del partido que se encuentra en el gobierno central en indicios (o mejor dicho, sospechas) de criminalidad", insisten.

En lo que respecta a las adjudicaciones bajo sospecha a empresarios amigos de la trama, sus abogados precisan que no obra en el sumario ni una sola conversación entre Cerdán y éstos y tildan de "argumento falaz" las sospechas del instructor acerca de que los implicados se repartieron comisiones que alcanzarían los 5 millones de euros. También arremeten contra las sospechas de los investigadores acerca de que controlaba la sociedad Servinabar.

En lo relativo a la prisión provisional, sus abogados aseguran que la finalidad de la misma está restringida y que ya habrían transcurrido seis meses desde que la Guardia Civil comenzó a investigarle por lo que se le tendría que dejar en libertad provisional. "La pregunta entonces es ¿Cuáles son las pruebas o fuentes de prueba que la UCO no puede preservar en seis meses?", plantean.