Santos Cerdán traslada al Supremo que hoy renuncia a su acta de diputado

El hasta ahora secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha trasladado al juez del caso Koldo que este mismo lunes deja a su acta de diputado. El exdirigente socialista así lo ha comunicado en un escrito al alto tribunal en el que responde a la solicitud del magistrado Leopoldo Puente. Con su renuncia al aforamiento, el juez no tendrá que pedir el suplicatorio al Congreso de los Diputados pudiéndole imputar formalmente en cualquier momento.

En su escrito, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, el "ex número tres" del PSOE responde de manera afirmativa a la solicitud de Puente, quien le ofreció declarar voluntariamente el 25 de junio tras adherir el último informe de la Guardia Civil al caso. El mismo le sitúa en el corazón de un presunto amaño de adjudicaciones públicas que comenzó en Navarra en 2015 y que se extendió al Ministerio de Transportes con la llega del PSOE al Gobierno tres años después.

El magistrado adelantó en su auto del pasado jueves que en el oficio policial se desgranan "consistentes indicios" de su participación en el conocido como caso Koldo y, por ese motivo, le ofreció interrogarle por los delitos de integración en organización criminal y cohecho. Cerdán se personó apenas 24 horas después y lo hizo, como adelantó este medio, con el prestigioso penalista Gonzalo Martínez Fresneda. Se trata de un abogado muy cercano al PSOE que representa al partido en causas como la trama de hidrocarburos de Víctor de Aldama.

Allana el camino a su imputación

En su primera respuesta, la defensa de Santos Cerdán trasladó su interés de declarar voluntariamente el 25 de junio, si bien ahora ha dado un paso más y ha confirmado que este mismo lunes renunciará a su acta de diputado en el Congreso. Ello se traducirá en la pérdida del aforamiento que ahora ostenta, lo que implica que el juez podría acordar su imputación formal en el procedimiento sin tener que recabar el aval de la Cámara Baja.

"Que atendiendo a dicho requerimiento, nos cumple poner de manifiesto ante vuestra excelencia que el señor Cerdán nos ha comunicado que en el día de hoy hará entrega del acta de Diputado", reza el escueto escrito. Así pues, en cuanto reciba la comunicación, el magistrado puede dar luz verde a ordenar otro tipo de investigaciones que no se podrían llevar a cabo si estuviera aforado, como bien pudiera ser rastreos patrimoniales o de otra índole.

El procedimiento que se sigue en el Tribunal Supremo cuenta como imputados a José Luis Ábalos, su exasesor en el Ministerio Koldo García y Víctor de Aldama. Los tres figuraban ya como investigados en la causa matriz de la Audiencia Nacional pero se les imputó en esta nueva derivada centrada en la actuación de Ábalos, entonces aforado. El oficio de la UCO trae causa de las peticiones del magistrado Puente que para avanzar en la investigación se apoya, en gran parte, en las confesiones de Aldama.

Santos Cerdán, el gestor del dinero

En ese sentido, la causa, que arrancó por los contratos de mascarillas en pandemia, amplió el foco hasta 2018 en aras a investigar toda la gestión de Ábalos en el Ministerio de Transportes. El movimiento se produjo después de que el comisionista de la trama dijera en sede judicial que se amañaron contratos de obra pública de la Dirección General de Carreteras en favor de empresas amigas a cambio de mordidas.

Este último oficio de la Guardia Civil no solo confirma los extremos de su confesión, sino que los apoya con ocho demoledores audios que Koldo García grabó a espaldas de su entonces jefe y también de Santos Cerdán. Los mismos evidenciarían la existencia de una trama que arrancó en Navarra y que se extendió al Ministerio con la llegada de Ábalos y Koldo a dicho departamento.

Según la UCO, el hasta ahora secretario de organización de los socialistas sería el encargado de gestionar los presuntos pagos en B que recibieron a cambio de adjudicar los millonarios proyectos. Los agentes se apoyan en conversaciones, notas manuscritas de Koldo y en sus propios audios para apuntar a la existencia de una presunta organización criminal que, aprovechando su influencia en el Ministerio, amaño los contratos a través de la Dirección General de Carreteras y de Adif, entes que entonces presidían Javier Herrero e Isabel Pardo de Vera.