Semana clave en el Congreso: Sánchez, ante el primer envite de Puigdemont

Pedro Sánchez ha escrito un manual de resistencia y parece que deberá volver a recurrir a su receta para sobrevivir ante el borrascoso horizonte que se le avecina. Con apenas mes y medio de vida, su Gobierno afronta una semana crucial en el Congreso porque en el Pleno del miércoles, que se va a celebrar en el Senado (por obras en el Congreso), se votan tres decretos que pueden quedar tumbados, los objetivos de estabilidad presupuestaria (paso previo para elaborar los presupuestos) y las enmiendas a la totalidad de la amnistía. Es decir, tres carpetas muy importantes para que aguante un Gobierno que nace débil por la dependencia que tiene de todos los partidos independentistas.

El asunto más espinoso serán los tres decretos: el decreto 6/2023, el decreto 7/2023 y el decreto 8/2023. Los dos primeros son muy importantes porque incluyen medidas comprometidas con la Unión Europea a cambio del cuarto desembolso de los fondos europeos correspondiente al segundo semestre de 2023: las medidas están orientadas al servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo, y a los cambios en el subsidio por desempleo (es decir, la prestación para quien haya agotado o no tenga derecho a paro). El tercer decreto incluye la prórroga de algunas de las medidas anticrisis, como las ayudas para reducir el coste del transporte público para los usuarios o algunas de las rebajas fiscales (a alimentos básicos).

Sin embargo, ninguno de esos tres decretos tiene garantizada su aprobación porque Junts asegura que va a votar en contra. Sánchez logró la investidura con el apoyo de 179 diputados y el voto en contra de 171 parlamentarios (PP, Vox y UPN). Los siete de diputados de Junts parece que se han descabalgado tan solo mes y medio después y pasan al bloque del «no»: ante este escenario, el Gobierno de PSOE y Sumar ha quedado en manos del PP en un momento en que las relaciones entre ambos partidos pasan por un muy mal momento por la actitud que ha tenido Sánchez de hostilidad hacia los populares y de entrega total al independentismo con la cesión de la amnistía y el regalo a Bildu de la alcaldía de Pamplona.

El «no» de Junts a los tres decretos viene originado porque los posconvergentes consideran que el decreto 6/2023 pone en riesgo la aplicación de la amnistía. En concreto, esa iniciativa incluye una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil: añade un artículo 43bis, que regula la cuestión prejudicial. Según ese precepto, si «el tribunal estima necesaria la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para resolver el litigio, podrá suspender motivadamente el procedimiento»: es decir, si los jueces elevan una cuestión prejudicial ante el TJUE (una consulta sobre cómo aplicar el Derecho de la UE) para aplicar la amnistía, pueden suspender la ejecución hasta que reciban la contestación de la Justicia europea. Esta circunstancia retrasaría la vuelta de Carles Puigdemont a España y dejaría sin efecto el artículo 10 de la ley de amnistía, que estipula que la medida de gracia se aplicará por los jueces en un plazo máximo de dos meses desde su entrada en vigor, sin ningún tipo de dilación.

Cabe recordar que los decretos se votan tal cual los ha aprobado el Gobierno ya que no admiten cambios ni enmiendas: por tanto, si 30 días después no se convalidan en el Congreso, quedan sin efecto, que es lo que puede pasar esta misma semana.

Si esos tres decretos son muy importantes porque permiten poner los cimientos de este 2024 para el Gobierno (con medidas anticrisis y el recibimiento de fondos europeos), también lo es la aprobación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, ya que es el paso previo para poder elaborar las cuentas públicas. Parece que sí pueden superar el trámite en el Congreso, aunque luego tienen que pasar por el Senado y ahí hay mayoría absoluta del PP, por lo que está por ver qué hacen los de Alberto Núñez Feijóo. Lo cierto es que los límites de déficit acordados por el Gobierno parecen ir en la senda de la consolidación fiscal (el horizonte es bajar del 3% a partir del 2025) para cumplir con Europa, aunque el PP ha sido muy crítico con el trato que se ha dado a sus autonomías.

De esta manera, sin Junts, la supervivencia del Gobierno queda en entredicho. Sánchez salió airoso de la investidura, pero se ha topado con la dura realidad de la aritmética parlamentaria y sin apenas capacidad de entendimiento con el PP. En este mismo Pleno, también se votan las enmiendas a la totalidad a la ley de amnistía que han presentado PP y Vox. En su enmienda, el PP plantea una reforma del Código Penal para tipificar el delito de deslealtad constitucional, con penas de hasta diez años de cárcel por la declaración ilegal de la independencia. También incluye penas de prisión por la organización de un referéndum ilegal. Además, se incluye la posibilidad de «disolver» o «suspender» la actividad de personas jurídicas (partidos o entidades políticas) que sean responsables de alguno de esos dos delitos: la declaración de independencia y la organización de un referéndum.