El Senado aprueba un informe "autonómico" contra la amnistía

El Senado, con mayoría absoluta del PP, ha aprobado este lunes un informe contra la amnistía. En concreto, la Comisión General de Comunidades Autónomas ha votado a favor de la propuesta elaborada por los populares, que considera que la medida de gracia es "inconstitucional" y ha tenido una tramitación "fraudulenta" en el Congreso. El PP ha hecho una exhibición de su poder en el Senado y el informe contrario a la amnistía ha sido apoyado por 36 senadores, mientras que solo ha recogido 24 votos en contra.

La sesión de la Comisión ha contado con la voz de siete presidentes autonómicos: seis del PP y Pere Aragonès. Los barones del PP han estado representados por Isabel Díaz Ayuso, Jorge Azcón, Carlos Mazón, Alfonso Fernández Mañueco, María Guardiola y Fernando López Miras, quienes han criticado y mucho al Gobierno porque atisban la cesión del referéndum y el "cupo catalán" a los independentistas. Aragonès, de hecho, ha acudido para pedir ambas cosas, que tienen un impacto territorial muy importante. Los miembros del Gobierno se han ausentado del debate, aunque el PSOE ha querido rechazar con rotundidad que vayan a prestarse a la celebración de un referéndum en Cataluña.

El informe, de 26 páginas, argumenta por qué la amnistía tiene una "dimensión" autonómica: es decir, un impacto territorial y, por tanto, se tiene que pronunciar la Comisión correspondiente. En concreto, el documento subraya que queda desprotegido el "principio de solidaridad" entre territorios porque se deja impune un "intento de secesión". "No puede concebirse atentado más grave contra la solidaridad que un intento de secesión", recoge el texto, que también considera que la amnistía "quebranta el principio de igualdad, la reserva de jurisdicción, el derecho a la tutela judicial efectiva y la seguridad jurídica".

Además, el informe señala que se ha hecho una tramitación "fraudulenta" y recuerda cómo la ley de amnistía fue rechazada por el Pleno del Congreso y luego rescatada en la Comisión de Justicia, aunque esa maniobra generó numerosas dudas jurídicas porque hubo juristas que entendieron que el texto estaba rechazado y no se podía recuperar. "El Parlamento ha sido un convidado de piedra en la medida en que el texto legal ha sido negociado fuera de España entre emisarios del Gobierno y el prófugo de la Justicia, Carles Puigdemont", añade el informe.

"La tesis que en este Informe se va a defender es que las Cortes Generales no solo no tienen constitucionalmente atribuida la potestad excepcional de conceder amnistías, sino que, de una interpretación sistemática de la Constitución, cabe deducir sin dificultad la existencia de una prohibición implícita de la amnistía", recoge el documento, que considera que la amnistía es "manifiestamente" inconstitucional. "La aprobación de una ley de amnistía inconstitucional y arbitraria supondría un golpe muy duro para el Estado Constitucional, tanto en términos políticos como jurídicos", agrega el informe.

A lo largo de toda la mañana, han desfilado por la Comisión General de Comunidades Autónomas representantes de todas las autonomías, salvo de País Vasco, Navarra, Castilla-La Mancha, Asturias y Melilla. De los otros 15 territorios autonómicos, ha habido voz. Mientras Aragonès ha aprovechado para pedir el referéndum y el cupo catalán, los barones del PP han denunciado que Pedro Sánchez acabará cediendo y han cargado, sin ambages, contra la amnistía por los efectos negativos que tiene sobre el sistema autonómico. Ayuso ha alertado de que la amnistía es "un golpe contra la unidad nacional, la democracia y el Estado de derecho programado y por etapas", mientras que Guardiola, en la misma línea, ha considerado que "no es una reconciliación sino una deslealtad, la ruptura" para así, lograr la "perpetuidad" de Sánchez.

Azcón, López Miras, Mazón y Mañueco han cargado contra la financiación singular para Cataluña y han alertado de que Sánchez ha abierto la puerta a "concesiones" en ese ámbito. El propio Mazón ha acuñado el concepto de "apartheid financiero" para definir los privilegios que puede acabar concediendo Sánchez al independentismo si cede al "cupo catalán".