El Senado aprueba este miércoles incluir a policías y guardias civiles como profesión de riesgo y mejorar su jubilación

En marzo de 2018 se firmó el mal llamado "acuerdo de equiparación salarial" para que policías nacionales y guardias civiles cobrasen lo mismo que otras policías del Estado. Pues bien, en estos últimos seis años, un policía nacional jubilado habría perdido hasta 70.000 euros respecto a un mosso d'esquadra. ¿El motivo? Mientras un agente autonómico se jubila de forma anticipada (59 años) sin pérdida alguna de poder adquisitivo, un agente de la Policía Nacional sí sufre una merma en las retribuciones que percibe en su jubilación. En cifras, un ertzaina o un mosso puede cobrar hasta 500 euros más al mes que un policía nacional o un guardia civil. Diferencia que aumenta a 900 euros mensuales tras la jubilación.

Un agravio comparativo que llega este miércoles al Senado. Y es que la Cámara Alta aprobará una Proposición de Ley del Partido Popular, cuyo objetivo es incluir a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil dentro del listado de profesiones de riesgo. En concreto, plantea incluir a estos agentes, así como a los del Servicio de Vigilancia Aduanera, dentro de los colectivos que gozan de coeficiente reductor de la edad de jubilación, debido a la peligrosidad de su trabajo. Norma que deberá ser refrendada posteriormente en el Congreso de los Diputados para que entre en vigor, donde también hay registrada una Proposición no de Ley por la equiparación real y total de la Policía Nacional y la Guardia Civil, así como su jubilación anticipada.

Porque el hecho de pertenecer a una profesión de riesgo afecta de forma directa a la jubilación. ¿En qué sentido? Los profesionales agrupados en las denominadas profesiones de riesgo tienen la opción de solicitar la "jubilación anticipada" cobrando el 100% de la prestación. ¿Y quién decide qué profesiones son de riesgo? El Ministerio de Trabajo es el encargado de elaborar esta lista de la que forman parte los trabajadores ferroviarios, artistas, mineros, personal de vuelo de trabajos aéreos, profesionales taurinos, bomberos, así como miembros de las policías autonómicas y locales. Sin embargo, pese a que mossos y ertzainas sí están en la lista, los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, no. Tampoco aparecen los funcionarios de prisiones.

Hasta 12.600 euros menos al año

Una discriminación por parte del Estado, que afecta al bolsillo de los agentes. Mientras un policía autonómico se puede jubilar a los 59 años con el 100% de su prestación por jubilación, un guardia civil tiene que esperar a los 65 para no ver mermada su pensión. Siempre existe la opción de prejubilarse, entre los 55 y 58 años, pero no cobrarían la pensión íntegra. En definitiva, los cuerpos estatales sufrirían una pérdida retributiva en torno al 30% y en el mejor de los casos terminarían percibiendo una pensión de 1.623,85 euros frente a los 2.819,16 que percibe un mosso. Así, un agente de la Benemérita o un policía nacional jubilado cobrarán hasta 12.625 euros menos al año que un policía autonómico.

Así, la negativa a incrementar las pensiones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se convierte en una de las principales razones por las que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se niega a incluir a policías nacionales y guardias civiles en la lista de profesiones de riesgo, pese a estar más que acreditado.

Jubilación digna, en trámites

Hay que recordar que la Ertzaintza cuenta con la jubilación anticipada desde el año 2008, las policías locales desde el 2019 y, más recientemente, los Mossos d`Esquadra y la Policía Foral de Navarra que la consiguieron en 2022. De este modo, todos los colectivos policiales verían reconocido ya este derecho, excepto Policía Nacional y Guardia Civil. El pasado 1 de junio, el Defensor del Pueblo informaba de que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que dirige Elma Saiz, había iniciado los trámites "para establecer coeficientes reductores y anticipar la edad de jubilación en el sistema de la Seguridad Social". Lo hacía a través de un escrito, rubricado por su adjunta primera, Teresa Jiménez-Becerril.

Por otra parte, el PP registró el pasado 17 de mayo en el Congreso de los Diputados una Proposición no de Ley por la equiparación real y total de la Policía Nacional y la Guardia Civil, así como su jubilación anticipada. En concreto, exige cuatro puntos muy concretos para su debate en el Pleno de la Cámara Baja:

• Encargar un nuevo informe de consultoría externa que señale las cantidades pendientes de consignar, puesto a puesto, hasta la equiparación real, total y absoluta de Policía Nacional y Guardia Civil con las Policías Autonómicas.
• Ejecutar la cláusula tercera del Acuerdo de Equiparación de 2018, para permitir el regreso a la vida activa de los policías y guardias civiles que se encuentran en situación administrativa de Segunda Actividad o de Reserva, reconociéndoles el derecho a la equiparación.
• Elaborar una ley de retribuciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que impida en el futuro nuevas desigualdades en relación con el resto de Policías del territorio español.
• Proceder a los estudios y modificaciones legislativas oportunas, para aprobar la jubilación voluntaria anticipada a Policías Nacionales y Guardias Civiles.