Siete acusados de Batasuna alegan «cosa juzgada» para evitar el banquillo

Siete de los 43 procesados en el sumario abierto a la cúpula de las ilegalizadas Batasuna, PCTV y ANV, han alegado hoy "cosa juzgada"para evitar el juicio por esta causa, en la que la Fiscalía pide 10 años de cárcel para cada uno por un delito de integración en ETA.

Siete de los 43 procesados en el sumario abierto a la cúpula de las ilegalizadas Batasuna, PCTV y ANV, han alegado hoy "cosa juzgada"para evitar el juicio por esta causa, en la que la Fiscalía pide 10 años de cárcel para cada uno por un delito de integración en ETA.

Se trata de Unai Fando, Mikel Garaiondo, Ibon Arbulu, José Manuel Jurado, Imanol Iparaguirre, María Teresa Díaz de Heredia y Anne Lizarralde, quienes han planteado que ya han sido juzgados por el delito de pertenencia a banda armada por el que, en algunos casos, ya han sido condenados, han informado hoy fuentes jurídicas.

Para resolver esta petición, la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha celebrado hoy una vista a puerta cerrada en la que el fiscal de la Audiencia Nacional Vicente González-Mota se ha mostrado favorable en sacar de la causa a todos ellos salvo a Garaiondo, mientras que la acusación que ejerce la Asociación Víctimas del Terrorismo se ha opuesto a las pretensiones de los siete procesados.

Además de estos siete, en esta causa están procesados los exdirigentes de Batasuna Pernando Barrena, Juan José Petrikorena, y Marije Fullaondo, las exparlamentarias vascas del PCTV Karmele Berasategi y Nekane Erauskin y la exalcaldesa de Mondragón (Guipúzcoa) Inocencia Galparsoro (ANV).

El auto de procesamiento, dictado por el ex juez Baltasar Garzón, explicaba que ANV y PCTV habían sido "instrumentalizadas por los miembros de la mesa nacional de Batasuna para continuar la acción delictiva diseñada por ETA-EKIN-BATASUNA a través del frente institucional del complejo terrorista".

A través de esa instrumentalización, los responsables de Batasuna lograron disponer, a través del PCTV, "de 837.000 euros con los que contribuyeron al sostenimiento del entramado político de la organización terrorista, gracias a la presencia en las instituciones democráticas".