Siete imputados en el «caso Gürtel» regularizaron dinero con el PSOE

Los exdiputados autonómicos Alberto López Viejo y Alfonso Bosch Tejedor; los empresarios Fernando Martín Álvarez, Manuel Salinas, Armando Mayo, José Luis Ulibarri –a través de la empresa Begar– y José Ramón Blanco Balín.

Sólo uno de los 21 imputados en la «trama Gürtel», Fernando Martín Álvarez, se acogió a la amnistía fiscal aprobada por el PP. Otros siete presentaron declaración de actualización de datos (complementaria o sustitutiva), la mayoría antes de que se pusiera en marcha la regularización fiscal, incluso durante el Gobierno de PSOE. Los datos, sin mencionar los nombres, los desveló ayer el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el tercer miembro del Gobierno al que los socialistas exigieron con escaso éxito su dimisión.

La lista con las cantidades afloradas aparecen en el informe que la Agencia Tributaria ha remitido al juez que instruye la causa en la Audiencia Nacional y al que ha tenido acceso este diario. El presidente de Martinsa-Fadesa se acogió a la amnistía e ingresó 342 euros en el fisco tras aflorar 3.420 euros. El constructor Alfonso García Pozuelo también aparece como beneficiado de esta declaración tributaria especial. Los otros imputados que han regularizado voluntariamente por la vía ordinaria son el ex consejero de Esperanza Aguirre Alberto López-Viejo, el ex diputado Alfonso Bosch, los empresarios Manuel Salinas Lázaro y Amando Mayo Rebollo y el abogado José Ramón Blanco Balín. También figura la constructora Begar S.A., vinculada al grupo de José Luis Ulibarri, igualmente imputado en la trama. Entre todos han regularizado cerca de 10 millones.

Los informes responden a un requerimiento hecho la semana pasada por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, que preguntó a la Agencia Tributaria si Francisco Correa y otros 20 imputados en esta causa se habían acogido a la Declaración Tributaria Especial (DET). El magistrado ordenó esta diligencia después de que el ex presidente de Constructora Hispánica Alfonso García Pozuelo remitiera la documentación tributaria con la que regularizó sus fondos mediante la declaración tributaria especial, extremo que acreditan los informes de Hacienda con fecha de noviembre del pasado año, pero sin destacar cantidades.

López Viejo presentó el pasado mes de julio declaraciones complementarias relativas al IRPF del periodo comprendido entre 2008 y 2011 por importe de 4.722,61 euros, mientras que Bosch presentó declaraciones complementarias respecto de dos ejercicios por importe de 3.111,46 euros. Por su parte, el empresario Manuel Salinas Lázaro es de todos los imputados por la trama el que pagó la cantidad más alta, un total de 7,5 millones de euros mediante declaraciones complementarias entre 2010 y 2011 relativas al IRPF e Impuesto de Patrimonio del periodo 2005-2007. También aparece como beneficiaria de regularizaciones a través de declaraciones complementarias la empresa Begar SA, cuyo presidente es el también imputado José Luis Ulibarri.

A la vista de estos datos, Montoro pidió ayer al PSOE que pida perdón por su actuación en este caso, y por haber mantenido que la amnistía fiscal se hizo para favorecer a los defraudadores, incluyendo Bárcenas y los implicados en «Gürtel». «Suba y pida perdón –le dijo a la portavoz socialista, Soraya Rodríguez–. Recupere la dignidad de la política, inténtelo. Se puede ejercer esta profesión de la política con dignidad, integridad y honestidad».

Dijo esto antes de recordar que la amnistía es un proceso transparente que no sirve para «perdonar» a nadie y que «no limpia ni borra delitos», y que mientras España empieza a «salir de la crisis», el PSOE «se ha ido al monte» y construye su oposición sobre la base de «una sarta de incoherencias realmente notable» y una «baldosa de indignidades», siguiendo «el estilo que va marcando» Rubalcaba, a quien aconsejó presentar una moción de censura en lugar de pedir más dimisiones. Pero para Rodríguez, aunque jurídicamente la «indecente amnistía fiscal» no hubiera sido claramente irregular, el ministro debía dimitir sólo por no cumplir las expectativas de recaudación, pues sólo se han cosechado 1.200 millones de euros y los fondos aflorados han tributado a una media del 3 por ciento. «Dimita de forma inmediata», le soltó al ministro.