Tribunal Constitucional
Sin elemento disuasorio
Análisis
La más que probable derogación de la reforma de la Ley del Tribunal Constitucional que le dota de instrumentos para hacer cumplir sus resoluciones se producirá poco después de que el propio TC haya avalado que la misma respeta escrupulosamente la Carta Magna. Así, se acabará con una Ley plenamente constitucional y que, en su corta vigencia, ha dado muestras de que, al menos, sirve para que los afectados tomen conciencia del contenido de sus decisiones y de las consecuencias que pueden conllevar su incumplimiento.
El punto conflictivo y polémico de esa reforma es el relativo a la posibilidad de que el propio TC, en casos extremos, pueda acordar la suspensión de cargos públicos, pero nunca cesarlos, y sólo «cuando se trate y se acredite «su voluntad deliberada y persistente de no atender al mismo»; y durará sólo «el tiempo preciso para asegurar la observancia de los pronunciamientos». Una vez se suprima esta medida, el TC dejará de tener en sus manos un instrumento «disuasorio» para garantizar que los cargos públicos cumplan las resoluciones que les afectan. Sin embargo, hasta ahora, ni siquiera se ha planteado aplicar esa medida. Sólo ha advertido a políticos catalanes independentistas de las responsabilidades penales en que pueden incurrir si no respetan la Ley. No parece pueda entenderse como «injerencia» o ataque a la separación de poderes.
La propuesta del PNV llevará también a fijar en 3.000 euros la multa máxima por desobediencia. Se dará la paradoja que tirar petardos, por ejemplo, tendrá una sanción económica superior a no acatar un mandato del Tribunal Constitucional.
Así, surge la pregunta: ¿a quién beneficia derogar esta reforma? Desde luego, no a los que cumplen las resoluciones del Constitucional. Los que hacen caso omiso, en cambio, pueden tener un motivo para hacerse más fuertes. Y no se puede dejar de lado que un Estado de Derecho, todos, absolutamente todos, están obligados al cumplimiento de la Ley. Por tanto, no parece descabellado establecer medidas para garantizar ese extremo.
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