Sin salario mínimo y jubilación a los 70

Hace nueve meses se veía muy cerca, y hasta necesario, que España pidiera el rescate a la Unión Europea. El precio que se pagaba, con la prima de riesgo por las nubes, hacía aún más grave la situación de nuestra economía. Si el Gobierno hubiera pedido el rescate, ¿ qué efectos se habrían producido en el empleo? Aunque sea un ejercicio de ciencia ficción, puede resultar esclarecedor para entender mejor la situación actual. Nos habrían impuesto unas condiciones que afectarían a cuatro ejes principales: las pensiones, el sistema de desempleo, el marco laboral y el sector público. Sobre todos ellos el Gobierno ha ido actuando desde que asumió el poder, pero el ritmo, la intensidad y el alcance habrían sido mucho más drásticos.

En el tema de las pensiones, se habría acelerado «el peaje a pagar» que está preparando un grupo de expertos: la edad de jubilación se iría a los 70 años, con mayor o menor grado de flexibilidad y para el cálculo de la pensión, entraría toda la vida laboral. Al mismo tiempo, se pondrían limitaciones concretas a la jubilación anticipada.

Lo más probable es que el sistema de desempleo habría tenido que acortar el tiempo de cobro de la prestación y al mismo tiempo exigir unos requisitos y unos controles estrictos sobre la formación, la búsqueda de empleo y el rechazo de ofertas de trabajo. El marco laboral habría sufrido una vuelta mayor de tuerca, de manera especial en el importe de la indemnización en el caso del despido objetivo improcedente, que no superaría el año en ningún caso. En lo referente a la negociación colectiva, al cambio de condiciones de trabajo y a la flexibilidad interna, que recoge la última reforma laboral, se habría producido un refrendo absoluto y sería muy probable que se hubiera obligado a suprimir el salario mínimo, con mayor contestación social.

Por último, la reforma del sector público, que ya se ha venido produciendo a lo largo del último año, habría sido mucho más intensa. La disminución de empleo público en 2012 se habría visto incrementada de forma importante.

El solape entre las administraciones del Estado, con la correspondiente disminución de representantes políticos, de funcionarios, de interinos, de contratados, de empresas públicas, habría sido mucho más intensa, con el consiguiente aumento del desempleo. Estas medidas, de por sí impopulares, se habrían impuesto desde Bruselas, con una pérdida de soberanía nacional, lo que habría dado lugar a más paro, más ajustes y más pérdida de control de todo el proceso. También habría generado una mayor inquietud social y una calle «ocupada» por los más radicales, con el apoyo silencioso de una mayoría, cada vez más desencantada, de ciudadanos.

Además de agravar los efectos de la crisis, la intervención habría tocado nuestro orgullo, y en esas condiciones, la racionalidad de las medidas no funciona, porque se da paso al plano de las emociones e incluso al de las pasiones, en un pueblo en que la rémora del pasado se siente demasiado cercana y la ideología nubla la vista de una parte del pueblo español.