Los policías dejan plantado a Marlaska: "La negociación colectiva está rota"

Ninguneo, desidia, abandono, faltas de respeto, engaños... y un sinfín de desencuentros han llevado a la mayoría de sindicatos policiales a plantarse frente al Gobierno y su ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y anunciar que no asistirán al próximo Consejo de Policía. Hay que señalar que, hasta ahora, solo tres sindicatos (CEP, EYA y ASP) rechazaban asistir a estas reuniones ante la negativa de la Dirección General de la Policía de incluir en el orden del día las principales reivindicaciones de los agentes, como la inclusión dentro de las profesiones de riesgo o la equiparación salarial.

Llegados a este punto y tras una nueva protesta en las calles, otros tres sindicatos (JUPOL, SUP y UFP) han decidido unirse a esta medida de presión y anunciar que "la negociación colectiva está rota por la inactividad del Gobierno". ¿El motivo? El enésimo rechazo por parte del ministerio que dirige Grande-Marlaska a hablar de las prioridades de los agentes: "Interior conoce nuestras reivindicaciones. O se sientan a negociar la justa equiparación salarial y la jubilación digna que nos merecemos los policías nacionales o nos encontrarán enfrente ejercitando todas las medidas de presión a nuestro alcance hasta conseguirlo".

En un breve comunicado, las organizaciones señalan que las negociaciones sobre la jornada laboral llevan cuatro meses estancadas, al igual que la prometida dotación presupuestaria para horas extras, asistencias a juicios e incidencias. "Se avecinan tiempos de lucha y sacrificio que requerirán la participación de todos. Es momento de estar unidos, ser fuertes y reivindicar otra vez más lo que es de justicia hasta alcanzarlo", matizan.

El boicot del Gobierno a los policías

Pero el malestar con este Ejecutivo no es algo nuevo dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En abril de este mismo año, la Confederación Española de la Policía (CEP) registró un conflicto colectivo, con el objetivo de que el ministro del Interior dejara de echar balones fuera y diera una fecha para el cumplimiento de las mejoras exigidas por los agentes. Sobre la mesa: la jubilación digna, la equiparación salarial, ser reconocidos profesión de riesgo, mayor protección jurídica y física para los agentes... y un sinfín de asuntos pendientes para los que se antojaba necesaria la unión de todos los sindicatos. Días después, los sindicatos EYA y ASP presentaban otro por la equiparación salarial y la profesión de riesgo.

Sobra decir que meses después de registrarse ambos conflictos colectivos, en la Policía Nacional no se ha producido ningún progreso en los temas prioritarios. Es más, cada vez que se ha llevado a cabo algún avance, el Gobierno ha intentado boicotearlo. Y para muestra la artimaña de Grande-Marlaska, que no tuvo reparos en ocultar a los sindicatos presentes en el Consejo de Policía que había recurrido la sentencia que le obligaba a cumplir con la equiparación salarial.

Tampoco apoyó la Proposición de Ley del PP en el Senado para incluir a los policías nacionales y guardias civiles en el listado de profesiones de riesgo. La iniciativa, que modifica un decreto de la Seguridad Social, contó con los votos favorables de PP, Vox y UPN, mientras que el PSOE votó en contra junto a sus socios de ERC, Bildu y Sumar. Junts y PNV, por su parte, se abstuvieron.

La norma salió adelante en la Cámara Alta pero ahora debe ser refrendada en el Congreso de los Diputados para que entre en vigor, donde también hay registrada una Proposición no de Ley por la equiparación real y total de la Policía Nacional y la Guardia Civil, así como su jubilación anticipada. Y aquí es donde Sánchez y sus socios de Gobierno tendrán la última palabra. Por el momento, desde el PSOE apuntan que siguen presentando enmiendas a la propuesta del PP para reconocer a los agentes como profesionales de riesgo.