Societat Civil Catalana reclama al Supremo que investigue a Puigdemont por blanqueo

Societat Civil Catalana (SCC) reclama al Tribunal Supremo que investigue a Carles Puigdemont por malversación y blanqueo en el marco de la causa de Tsunami Democràtic. En un escrito remitido a la Sala Penal, insta al alto tribunal a investigar con urgencia, dado su "potencial delictivo", el supuesto pago en criptomonedas que Carles Puigdemont habría recibido en su cuenta personal de Ethereum a través del protocolo conocido como "Tornado Cash", "una herramienta de privacidad descentralizada y sin custodia", en diciembre de 2021.

La asociación hace hincapié en su escrito en que el crecimiento del uso de criptomonedas "tuvo un auge que coincidió en el tiempo con proceso independentista catalán". Y recuerda que la Guardia Civil, tras revisar material confiscado a empresarios relacionados con Tsunami Democràtic, descubrió numerosas transacciones realizadas con monedas digitales. "La investigación sugiere que las criptomonedas pudieron haber financiado actividades pro-independencia, la plataforma Tsunami Democràtic e incluso los gastos soportados en el extranjero por Carles Puigdemont, entre otros".

Intento de "encubrir el origen de los fondos"

El abogado de SCC, Juan Chapapría, señala que Tornado Cash es un mezclador de criptomonedas que envía la transferencia al destinatario sin que se sepa el origen del dinero, es una "excelente herramienta para blanquear dinero". De hecho, recuerda, la plataforma fue sancionada en agosto de 2022 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos "por permitir el lavado de dinero" tras ser usado por Lazarus Group, un grupo de ciberdelincuentas asociados con el Gobierno norcoreano para blanquear más de 455 millones de dólares.

La recepción de una transferencia en la criptomoneda ether en la cuenta personal de Puigdemont podría implicar, a su juicio, una intención de ocultar o encubrir el origen de los fondos, sugiriendo que estos podrían proceder de actividades delictivas previas, lo cual constituiría un acto de blanqueo de capitales.

Según expone, el 14 de diciembre de 2021, Puigdemont recibió en esa cuenta un pago de 1ETH (equivalente entonces a alrededor de 3.500 euros). "Ésta es la única transacción que consta que se haya realizado a través de Tornado Cash", señala, pues el resto se realizaron "a través de protocolos rastreables".

SCC incide en que por parte del equipo del expresidente de la Generalitat "no se ha querido dar respuesta ni razón a por qué no han devuelto esta transferencia ni se ha dado cuenta de su origen", lo que tacha de "completamente censurable, teniendo en cuenta las obligaciones que impone la Ley de Transparencia a un representante público" como el líder independentista, "cuyos ingresos deben estar fiscalizados".

Apunta vínculos con la financiación de Tsunami

El abogado de SCC explica que plataformas como Ethereum "se esfuerzan por mantener la privacidad en las transacciones utilizando claves criptográficas que están conectadas a direcciones específicas, facilitando así el seguimiento de dichas transacciones". Sin embargo, servicios como Tornado Cash -añaden- "complican esta trazabilidad al combinar los fondos de varios usuarios en una única dirección", lo que abre la puerta a "su posible uso en actividades ilícitas".

Sociedad Civil Catalana alude a un informe policial vincula a los empresarios Jaume Cabaní, Josep Campmajó, Xavier Vinyals, entre otros, "al uso de criptomonedas y a la Casa de la República, residencia oficial de Puigdemont en las afueras de Bruselas".

La denuncia enmarca esa recepción de dinero en los indicios de que Tsunami Democràtic "podría haberse financiado mediante el desvío de fondos públicos, ya sea a través de la adjudicación de contratos, con la captación de subvenciones, e incluso mediante una ''red clientelar'' en el seno de la Administración catalana".

De ahí que apunte que esa transferencia en la criptomoneda ether (ETH) en la cuenta personal de Puigdemont, "a través de una herramienta tan cuestionable" como "Tornado Cash", podría evidenciar "un acto de apropiación de fondos públicos (de demostrarse el origen público de dicho dinero), con un claro ánimo de lucro personal y un perjuicio directo al erario público".

La utilización de esa herramienta, añade, "implica una clara intención de ocultar o encubrir el origen de los fondos, sugiriendo que estos podrían proceder de actividades delictivas previas, lo cual constituiría un acto de blanqueo de capitales".