SOS de la Fiscalía para trasladar de urgencia a España a una fiscal antiterrorista afgana que acusó al líder talibán

Destinada en la Fiscalía Antiterrorista de Afganistán, participó como fiscal antiterrorista en la investigación del entonces líder del Estado Islámico en su país. Su marido, abogado, murió en un atentado suicida en los juzgados de Kabul, dejándola viuda con un niño de pocos meses a su cargo. Su situación personal se complicó aún más cuando los talibanes asumieron el poder y liberaron a todos los criminales presos, entre ellos a los propios terroristas a los que había acusado y el líder del Estado Islámico encarcelado, que salió en libertad el 15 de agosto de ese año.

Ante el "gravísimo riesgo" para su vida, huyó a Pakistán con su hijo de cinco años y su hermana menor; encontrándose ahora pendiente de su deportación a Afganistán, donde ya ha sido enviada su hermana, que se encuentra en paradero desconocido.

Ahora, tras ser alertada por Maurici Pérez Simeón, vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Pompeu Fabra y director de la Clínica Jurídica de la UPF, la Fiscalía de la Audiencia Nacional en coordinación con la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática que dirige Dolores Delgado- reclama el traslado a España de la fiscal antiterrorista afgana para poder obtener así su derecho de asilo. Con este objetivo, el Ministerio Público ha reclamado a la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional que acuerde de forma cautelar el traslado a nuestro país de la mujer para que pueda obtener protección internacional.

El 25 de noviembre de 2022, la citada Clínica Jurídica solicitó en nombre de la fiscal ante la embajada de España en Islamabad su traslado a España, junto a su hijo y su hermana, para solicitar asilo al amparo del artículo 38 de la Ley de Asilo, que establece que solo puede concederse el traslado al territorio español "si existe un peligro para la integridad física" del solicitante de la medida.

"Riesgo inminente para su vida"

La mujer detalló en su instancia las especiales circunstancias que le rodean y aportó documentación acreditativa del "riesgo inminente para su vida" si es finalmente deportada (carnet de fiscal, pasaportes, certificado de fallecimiento de su marido en un atentado terrorista suicida, etc.).

El embajador de España en Pakistán acusó recibo de la instancia, pero "no resolvió dentro del plazo ni tampoco hizo ningún acto más de trámite", asegura el fiscal Manuel Campoy en el escrito remitido ayer mismo a la Sala de lo Contencioso. Ante la inactividad del embajador, la abogada de la solicitante de asilo recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y solicitó que se acordara de forma cautelar su traslado a España. El TSJ de Madrid se declaró incompetente y trasladó el recurso a la Audiencia Nacional, que es ahora el tribunal que lo está tramitando.

La fiscal antiterrorista y su hijo siguen en Pakistán a la espera de que se resuelva el recurso, pero su hermana fue detenida por las autoridades pakistaníes hace diez días, siendo deportada a Kabul, "donde se encuentra actualmente escondida". "Por lo tanto, ya no puede hacerse nada por la hermana", lamenta la Fiscalía.

En noviembre del pasado año, el Ministerio Público pidió a la Comisaría General de Información de la Policía Nacional que verificase la identidad y profesión de la solicitante de asilo. En un informe, los agentes concluyeron que "por su doble condición de fiscal y mujer", resultan "absolutamente verosímiles y justificados los temores" de la mujer, "extrapolable a su entorno más cercano, incluyendo a su hermana y a su hijo menor de edad".

Denunció públicamente el pisoteo de los derechos fundamentales

Para la Policía, los hechos son de una "especial gravedad" teniendo en cuenta "la específica labor" que desarrollaba en la Fiscalía de Afganistán y que "se ha pronunciado públicamente contra medidas que restringen severamente derechos fundamentales en su país". Por esta defensa pública de los derechos humanos, y por "haber ejercido la función pública de fiscal promoviendo la acción de la Justicia contra grupos de terrorismo islámico", la Fiscalía entiende que la situación personal en la que se encuentra "es de grave riesgo para su vida y la de su hijo menor". Lo que afecta, resalta, a su derecho fundamental a la vida con relación a su derecho de asilo.

La Fiscalía solicita su traslado a España de forma cautelar como acto "preparatorio y necesario" para hacer posible la presentación de la solicitud de asilo, cuya decisión queda en manos del Ministerio del Interior. Y hace hincapié en que "la no adopción de la medida cautelar interesada puede hacer perder la finalidad legítima del recurso interpuesto", ante "el grave riesgo de ser deportada de Pakistán a Afganistán con serio peligro para su vida".

Del mismo modo, el fiscal español añade que "no constan datos de los que pudiere inferirse que, en caso de acordar su traslado a España para hacer posible la presentación de la solicitud", pueda provocarse una "perturbación grave" de los intereses generales o de terceras personas.