El Supremo investiga al senador de El Hierro Aniceto Armas por delitos medioambientales

La Sala Penal del Tribunal Supremo ha dictado un auto en el que declara su competencia y abre procedimiento al senador por El Hierro Aniceto Javier Armas González, de la Agrupación Herreña Independiente, ante la existencia de indicios de la comisión por dicha persona aforada de delitos medioambientales. El tribunal designa instructor de la causa, por el turno preestablecido, al magistrado Pablo Llarena.

El Supremo recibió el pasado mes de noviembre una exposición razonada de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, informando del procedimiento en el que enjuicia al ahora senador y otras dos personas por delitos continuados en materia de medio ambiente.

Se trata del conocido como 'caso Vertederos', que analiza la gestión incontrolada de los residuos en la isla de El Hierro y en la que el Ministerio Fiscal había pedido en 2018 hasta 11 años de cárcel y 19.800 euros de multa para cada una de las personas investigadas, entre ellas el senador Armas, de la Agrupación Herrereña Independiente (AHI), además de la funcionaria del Cabildo herreño María Fabiola Ávila y la exconsejera de AHI Claribel González. La causa ha terminado en el Tribunal Supremo por la condición de senador de Armas.

Los hechos se remontan a una denuncia de la asociación Ossinissa contra dos puntos de vertido en la zona de La Dehesa del espacio natural protegido Parque Rural de La Frontera. El segundo se ubicaba en la Zona de Punto Limpio de El Majano, que funcionaba como un desguace de vehículos.

En junio de 2023, la Audiencia de Tenerife señaló la celebración del juicio oral para los días 24 a 28 de octubre último. Tras acreditarse posteriormente la cualidad de senador por la circunscripción electoral de El Hierro de Armas González, la Audiencia remitió las actuaciones al Supremo por carencia de competencia sobrevenida para enjuiciar al senador Armas.

El Supremo, en su auto, constata indicios de la comisión de hechos delictivos por la persona aforada, y se declara competente para la instrucción y, en su caso, el enjuiciamiento del senador.