El Supremo plantea elevar nuevas cuestiones de inconstitucionalidad contra la amnistía

El Tribunal Supremo baraja la posibilidad de promover nuevas cuestiones de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía, que podrían afectar a todos los procedimientos que el alto tribunal tiene pendientes de resolver y que quedarían suspendidos hasta que el Constitucional fallase sobre la norma.

Esta semana, la corte de garantías admitió a trámite por unanimidad la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Penal del Supremo, que alude a dos asuntos concretos respecto de tres condenados por desórdenes públicos y atentado en las protestas en Girona y Barcelona tras la sentencia del procés.

Pero pueden ser más, porque fuentes jurídicas informan a EFE que las dudas del Supremo sobre la constitucionalidad de la amnistía se proyectan a todos los procedimientos pendientes bajo el paraguas del procés, lo que abre la puerta a elevar nuevas cuestiones al TC.

Al contrario de lo que ocurre con los recursos de inconstitucionalidad, cuyo plazo venció el pasado miércoles, las fuentes recuerdan que la cuestión no está sometida a plazo alguno.

Los dos escenarios que contempla el Supremo

A primeros de julio, la Sala ya pidió a las acusaciones (Fiscalía, Abogacía y Vox) y a las defensas del exvicepresident catalán Oriol Junqueras y los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa que presentasen sus alegaciones sobre la pertinencia de elevar una cuestión de inconstitucionalidad por el delito de desobediencia.

Entonces, el Supremo dijo que "declarar amnistiado el delito de desobediencia y, por consiguiente, el archivo parcial de la ejecutoria obliga a despejar la duda de constitucionalidad que suscita el mandato legislativo por su posible oposición" a tres artículos de la Carta Magna: el del principio de legalidad (9.3), el que garantiza el derecho a la igualdad (14) y el del ejercicio de la potestad jurisdiccional de los jueces (117.3).

Aquel 1 de julio, el juez instructor del procés Pablo Llarena hizo lo mismo en la causa por la que está procesado el expresident Carles Puigdemont junto a los exconsellers Antoni Comín y LLuis Puig.

Puigdemont le advirtió de que llevar la amnistía al TC supone "una pérdida de tiempo" que puede interpretarse como un intento de "dilatar" su aplicación, dado que considera que la norma no tiene tachas inconstitucionales.

Al margen de los dos casos más mediáticos, hay otros procedimientos que llegaron al Supremo vía recurso de casación de condenas (también hay absoluciones) por desobediencia y desórdenes.

La duda del alto tribunal pasa por cómo formalizar su posición en estos asuntos. Una opción es promover nuevas cuestiones de inconstitucionalidad, lo que podría dar lugar a varias cuestiones -hasta siete-, que conllevaría la suspensión de los procedimientos.

O, también, hacer constar que al haber una cuestión que ya ha sido admitida a trámite, como quiera que las dudas del Supremo sobre la Ley de Amnistía están basadas en los mismos razonamientos, se acuerde la suspensión del resto de procedimientos afectados en el alto tribunal a la espera de la sentencia del Constitucional.

Alegaciones pendientes, abstenciones y recusaciones

Los magistrados trabajan con estos dos escenarios a la espera de recibir algunas alegaciones de las partes que están pendientes y, también, de resolver las recusaciones formuladas en algunos de estos casos y de completar las salas tras algunas abstenciones.

Es el caso de la exconsellera Meritxell Serret, condenada a un año de inhabilitación ; y también de cuatro miembros de la Mesa del Parlament de 2017: Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet y Lluís Guinó, sentenciados a cuatro meses de inhabilitación.

También el del exconseller de Empresa Roger Torrent y los miembros independentistas de la Mesa que presidió en el Parlament, absueltos tras ser acusados de desobedecer al Constitucional al tramitar resoluciones soberanistas y de reprobacion a la Monarquía.

Otro procedimiento afecta al exalcalde de Sabadell Matíes Secarrant, condenado a cuatro meses de inhabilitación por no haber impedido el referéndum ilegal del 1-O en la ciudad.