El Supremo se queja del "enorme perjuicio" que provoca la acumulación de vacantes por no renovarse el CGPJ

La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo ha vuelto a levantar la voz ante la acumulación de vacantes que le impiden desarrollar con normalidad sus funciones jurisdiccionales, puesto que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones no puede realizar nombramientos desde la reforma impulsada por el PSOE y Podemos en 2021 para forzar al PP a negociar la renovación del organismo, que agotó su mandato en diciembre de 2018.

En un acuerdo adoptado hoy, y tras constatar que desde sus llamadas a la renovación en septiembre de 2021 y junio de 2022 "nada se ha hecho", los magistrados realizan un llamamiento "a la responsabilidad" para que "quienes tienen en su mano el remedio imprescindible" lo adopten "sin más demora".

La Sala de Gobierno se dirigió el 27 de septiembre de 2021 y el 27 de junio de 2022 al Consejo General del Poder Judicial para pedirle que instara de las Cortes Generales la "elección inmediata" de los vocales que conformen el nuevo Consejo que sustituya al elegido en 2013.

Ya entonces, puso de relieve los "muy graves y crecientes problemas que el incumplimiento" de la Constitución y de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la privación al Consejo General del Poder Judicial en funciones de la facultad de hacer nombramientos discrecionales estaba suponiendo para el Tribunal Supremo.

Pero, lamenta, esas iniciativas "han sido en vano, pues quienes tienen en su mano la solución nada han hecho, de tal modo que, hoy en día, el Tribunal Supremo carece de presidente y de vicepresidente titulares, de los presidentes titulares de tres de sus cinco Salas y de veinticinco magistrados".

"El perjuicio causado es enorme", denuncia. "Ante todo, a la Constitución y a la Ley Orgánica -añade la Sala- pues ambas se incumplen manifiestamente nada menos que por las Cortes Generales". Después, al propio Consejo General del Poder Judicial "y, desde luego, al Tribunal Supremo y a los demás tribunales, pues no parece importar privarles de los magistrados que han de integrarlos o presidirlos". En definitiva, se queja, "se daña al Poder Judicial en su conjunto".

Para la Sala de Gobierno del TS, lo peor no es la seria alteración del normal funcionamiento del Tribunal Supremo y de los demás órganos judiciales afectados, "ni el esfuerzo añadido que exige a los magistrados que los sirven", sino el "menoscabo del derecho de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva por el mayor tiempo requerido para resolver sus recursos y por la degradación de instituciones esenciales para la garantía de sus derechos e intereses".

Por todo ello, "en expresión del sentir de los magistrados" que la integran, la Sala llama a "la responsabilidad de quienes tienen en su mano el remedio imprescindible para que lo adopten sin más demora".