Susana Díaz se aboca al desgobierno acorralada por la corrupción

La socialista precipita su decisión ante los nuevos datos sobre gasto en clubes de alterne y evita los comicios en marzo, cerca de la fecha de las conclusiones de la Fiscalía para el «caso ERE» que pueden suponer un varapalo para Chaves y Griñán.

«Si dispusiera de seis horas para talar un árbol, pasaría cuatro afilando el hacha». La frase de Abraham Lincoln puede remitir al tiempo que Susana Díaz lleva pergeñando el adelanto electoral. La presidenta de la Junta anunció ayer su decisión de adelantar las elecciones autonómicas, algo previsto en principio para hoy, según distintas fuentes, pero que diferentes acontecimientos ha precipitado. En el trasfondo, el objetivo de distanciarse de Pedro Sánchez –cuyo tirón inicial tras la moción de censura se va desinflando e, incluso, se piensa que puede llegar a restar votos en la comunidad– y la inseguridad de repetir mandato ante un incierto panorama de pactos (reciente ruptura con Cs, a quien mira el PP, y animadversión total con Podemos e IU). Díaz aseguró ayer que la primera persona con la que habló tras decidir la fecha fue Pedro Sánchez y defendió el total entendimiento entre las direcciones de las calles Ferraz y San Vicente. La última frase de Díaz en su comparecencia, no obstante, delata otra realidad: «Mi tierra no merece tener la inestabilidad que hay en el conjunto de España». El PSOE andaluz gobierna actualmente en minoría, gracias al apoyo de Cs en la investidura y en la aprobación de los presupuestos, un apoyo que el propio Albert Rivera anunció que retiraría tras el cambio de escenario nacional, la problemática catalana y la irrupción de Pablo Casado como líder de los populares. El órdago de Susana Díaz pasa por un adelanto «envenenado».

A las 11:00, el PSOE federal carecía de información oficial sobre el adelanto de las elecciones. El anuncio de la convocatoria de la sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno y de la firma de la disolución del Parlamento se produjo en torno a las 13:00. Sobre una hora antes, el PP andaluz hizo públicos los últimos datos judiciales que elevan el gasto de la Fundación Faffe –calificada en las investigaciones como un nido de enchufismo socialista– en clubs de alternes a casi 32.000 euros, divididos en varias juergas por Sevilla, Cádiz y Córdoba. El tercer gran frente que atenaza el porvenir electoral socialista viene de atrás: los 20 años de gestión que se sienta en el banquillo de la Audiencia por el «caso ERE». Según conoció LA RAZÓN de fuentes próximas a la Fiscalía, está previsto que para enero el Ministerio Público eleve sus conclusiones definitivas, fecha que coincidiría en el tiempo con el anuncio de las elecciones (tocaban en marzo) si se agotara el mandato. Adelantando los comicios, el 2 de diciembre es la fecha elegida tras barajarse varias, Susana Díaz evita la coincidencia en el tiempo con lo que se prevé como un varapalo judicial y una enmienda a la totalidad de la gestión de sus predecesores y padrinos políticos. Se baraja, según pudo saber LA RAZÓN, una petición de inhabilitación y multa para Manuel Chaves y cuatro años de prisión para José Antonio Griñán (por los seis que se solicitaban al inicio del juicio). La sentencia se espera para el verano pero la petición de la Fiscalía podía suponer un torpedo a la línea de flotación electoral socialista. Más frentes: el ex director general de la Faffe, Fernando Villén, declara este jueves en la causa abierta por el uso irregular de fondos en la formación ante la jueza de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, para responder a la denuncia de malversación de la propia Junta. La presidenta ayer no quiso ni nombrar a la fundación, remitiendo en todo momento al vicepresidente y al consejero de Empleo. La Junta, necesariamente, merced a la investigación judicial, conocía los datos del pago de fondos para el Empleo en clubs de alternes y la Consejería siempre ha ido a remolque de las peticiones del PP en las comisiones parlamentarias.

Se trata de la tercera vez que se celebrarán elecciones de forma anticipada en Andalucía. El último acto de la presidenta antes del anuncio electoral fue una visita al astillero de Navantia y una reunión con su comité de empresa, uno de los últimos puntos de fricción con el gobierno «amigo» de Pedro Sánchez tras poner en riesgo el empleo en la zona con el anuncio de la ministra de Defensa de no vender armamento militar a Arabia Saudí.