El PP marca distancias con Vox: "No se puede perseguir a los partidos por sus ideas, sino por los delitos que cometen"

Las reacciones ante la propuesta del PP para reformar el Código Penal, que contempla la posibilidad de "disolver" a partidos políticos que declaren la independencia o celebren referéndums ilegalmente, no se han hecho esperar. Tanto el Gobierno como sus socios de Sumar o Esquerra han salido a criticar el planteamiento de los populares y el partido de Alberto Núñez Feijóo, a su vez, ha tratado de explicar y matizar los detalles de su propuesta legislativa. De entrada, en el PP han querido diferenciar claramente entre las propuestas de Vox de ilegalizar a partidos independentistas de las suyas.

Vox ha pedido reiteradamente "ilegalizar" a los partidos independentistas por ser "contrarios a la misma idea de España" a través de una modificación de la Ley de Partidos, algo a lo que el PP se ha opuesto siempre. "Las propuestas de Vox son distintas a las que realiza el PP. Vox se refiere a la la Ley de Partidos. Nosotros tipificamos un delito. En España no se puede perseguir a los partidos por sus ideas, sino por los delitos que cometen", ha matizado el portavoz del PP Miguel Tellado.

El PP ha planteado una reforma penal para incorporar un nuevo delito de deslealtad constitucional y, según ha explicado Tellado, la intención es que sustituya al delito de sedición, que suprimió el PSOE en un pacto con los independentistas en diciembre de 2022. La sedición es el delito por el cual fueron condenados los principales responsables del "procés" y, sin esa figura jurídica, el PP sostiene que el Estado queda desprotegido ante posibles desafíos del independentismo: como sustituto, los populares han impulsado el delito de la deslealtad constitucional, que consideran que es un "concepto más amplio".

Lo cierto es que es un concepto más amplio porque el plan del PP pasa por regular ese delito en cuatro artículos del Código Penal, que castigarían las declaraciones de independencia, la celebración de referéndums, los actos preparatorios y a las personas jurídicas (partidos o entidades) que sean responsables. En declaraciones ante los medios, Tellado ha matizado así el porqué el PP no va a reincorporar el delito de sedición al Código Penal: "Establecemos este nuevo delito de deslealtad constitucional, que es un poco mas amplio. El delito de sedición queda recogido dentro de este nuevo concepto". Las penas con este nuevo delito de deslealtad constitucional pueden llegar hasta los diez años de cárcel, algo menos que con el delito de sedición.

Tellado también ha recordado que las personas jurídicas y, por tanto, los partidos y organizaciones políticas, pueden ser condenados desde 2012, cuando se introdujo una reforma en el Código Penal. "Los partidos pueden ser condenados a su disolución con el ordenamiento jurídico actual si cometen actos delictivos, como viene recogido en el artículo 33.7 del Código Penal", ha señalado, ante las reacciones de algunos partidos, como Sumar, que han tachado de "atentado" la propuesta del PP de "disolver" a partidos que declaren la independencia incumpliendo la Ley.

De hecho, ante las críticas del Gobierno o de Sumar y Esquerra, según detallan fuentes del PP, con el Código Penal en la mano, los partidos pueden ser disueltos por delitos de corrupción, odio, acoso sexual, tráfico de drogas o tráfico de órganos, pero "no por golpe de Estado", que es lo que señalan que se daría en caso de que se declarase una independencia o se celebrase un referéndum ilegal y eso es precisamente lo que quieren castigar. "Que no digan que hay persecución por ideología", apuntan desde las filas populares.

"Nuestra propuesta tiene todo el sentido porque los socios de Sánchez no solo no han dicho que se han arrepentido, sino que recientemente, y en sede parlamentaria, han afirmado que volverán hacerlo y que este mismo año debe abrirse un nuevo proceso en Cataluña", ha añadido Tellado.

El PP también ha anunciado que ha pedido la comparecencia del ministro Fernando Grande-Marlaska en el Pleno del Congreso para que "rinda cuentas de la crisis migratoria que está sufriendo Canarias y en la que el Gobierno está muy poco interesado".