Tamames cree que el derecho a decidir no encaja en la Constitución

El catedrático de Economía, doctor en Derecho y expolítico Ramón Tamames cree que el derecho a decidir, concepto que cree más amplio aunque equiparable en la práctica al derecho de autodeterminación, no encaja en la actual Constitución y que requeriría de la reforma de la Carta Magna para poder ejercerlo.

En una conferencia organizada por la Fundación Agbar, Tamames ha opinado que aunque el presidente catalán, Artur Mas, consiguiera "seducir"al Gobierno y pactar un referéndum sobre la independencia de Cataluña, puede que la pregunta fuera declarada luego inconstitucional si el Tribunal Constitucional se pronunciara.

A juicio de Tamames, "no se puede plantear esa pregunta"porque va contra el carácter "indisoluble"del Estado y contra el artículo de la Constitución que prevé que el Ejército garantizará la unidad territorial de España.

Tamames ha asegurado que la inclusión del derecho a la autodeterminación en la Constitución obligaría a reformar la Carta Magna, lo que requeriría de mayorías reforzadas en Congreso y Senado, forjar un "nuevo consenso"constitucional y un posterior referéndum entre los españoles.

En cuanto a la hipótesis de que ese derecho se ejerciera de manera unilateral, ha comentado que España no es una sociedad formada "por tribus"que puedan tomar "decisiones alocadas o muy sabias"de forma unilateral, sino que la guía debe ser "el pacto constitucional", y en caso contrario debe forjarse un "nuevo consenso".

Por otra parte, Tamames cree que la economía española comenzará a crecer "levemente"en 2014 y ha defendido una reforma estructural del Estado, al considerar que con el Estado de derecho "ya no basta", sino que se debe avanzar hacia un "Estado económico responsable".

En este sentido, el catedrático de Estructura y Económica y que este año ha entrado en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, ha subrayado que España no puede tener "permisividad"respecto a los casos de corrupción o tolerar que el partido que llega al gobierno considere el Estado como de su "propiedad".