"Ya hemos matado al hijo de puta": el testimonio del acoso proetarra al PP en Durango

Con EH Bildu celebrando aún su cosecha electoral –que incluye la elección de 15 de los 44 etarras condenados por terrorismo que llevaban en sus candidaturas–, en la Audiencia Nacional se ha escuchado el testimonio del acoso proetarra a los concejales del PP en los años en los que ETA apretaba el gatillo. Una sucesión de amenazas y actos de hostigamiento –que en más de una ocasión, como ocurrió con el asesinato en 2000 del concejal José María Pedrosa en Durango, culminaban con el asesinato– que parecen de otro tiempo, por su crudeza y por la pasmosa normalización del sufrimiento de las víctimas del terrorismo, pero que no están tan lejos en el calendario.

Eran años de dianas pintadas señalando a los objetivos de ETA en el País Vasco, de llamadas intempestivas a las víctimas que no respetaban ni el duelo por los asesinados –como la que recibió la viuda de Pedrosa el mismo día del atentado para mofarse del asesinato: «Ya hemos matado al hijo de puta»–, de ofensiva proetarra sin tregua para aislar y empujar a claudicar a políticos, miembros de las Fuerzas de Seguridad y militares.

Retazos dramáticos de ese relato, de esa memoria que las víctimas no quieren que se entierre en el olvido, los escuchó el juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal por boca de tres testigos. Ante el magistrado han comparecido el concejal electo del PP por Durango Carlos García (que dio un paso al frente para intentar desbancar a EH Bildu del Consistorio), otro de los candidatos de esa lista, Juan José Gaztañazatorre, y un hijo del teniente coronel José María Urquizu, asesinado por ETA en el municipio vizcaíno en 1980.

Los tres han acudido en calidad de testigos en el marco de la investigación a diez exjefes de ETA –tras una querella de Dignidad y Justicia (DyJ)– por el hostigamiento al que sometió la banda terrorista a José María Pedrosa antes de asesinarlo el 4 de junio de 2000.

Un féretro con velas delante de casa

Según fuentes jurídicas, a preguntas del instructor, los dos políticos corroboraron que Pedrosa «tenía la sensación de que le iban a matar» y así se lo había confesado en alguna ocasión. Ellos mismos, subrayaron, estaban seguros de que ETA «le iba a asesinar».

Los tres testigos recordaron el clima hostil que ellos mismos sufrieron en esos años, las pintadas amenazantes, con la silueta de su cuerpo en el suelo, una ofensiva proetarra de acoso que llegó al extremo de ponerles delante de su casa «un féretro con velas» o llamarles de madrugada riéndose para escuchar solo al otro lado del teléfono un «pim, pam, pum». De hecho, Gaztañazatorre y Carlos García aseguraron que el mismo día del asesinato, la viuda de Pedrosa (con quien el segundo habló hace unos días) recibió una llamada de alguien mofándose del atentado que le espetó: «Ya hemos matado al hijo de puta».

Según relataron, las amenazas continuaron tras el asesinato de Pedrosa. Carlos García dijo al juez –muy emocionado, según fuentes presenciales– que el de Pedrosa fue «el primer funeral de un compañero de partido al que asistió» y recordó que después del atentado «le hicieron la vida imposible» y recibió «cientos de amenazas», teniendo que llevar escolta durante 18 años, hasta que ETA anunció su disolución. El concejal electo de Durango explicó, según esas mismas fuentes, su vivencia personal velando junto a otros jóvenes del partido el cadáver de Pedrosa en el Ayuntamiento de Durango, mientras escuchaban cómo los proetarrras les «gritaban, insultaban y amenazaban» desde la calle. «Tuvimos que soportar eso toda la noche», lamentó.

Gaztañazatorre, que fue concejal en Durango con Pedrosa desde 1983, dio cuenta a Abascal, según esas mismas fuentes, del acoso que tuvo que padecer su compañero ante la presión de los proetarras para que abandonara el municipio antes de ser finalmente asesinado por ETA. Gaztañazatorre, que entró en el Ayuntamiento de Durango a finales de los años 70, dejó claro que lo que vivió su compañero «lo vivían el cien por cien» de los ediles populares.

Diez exjefes de ETA investigados

El exedil ha asegurado que ese clima constante de hostigamiento era algo que "teníamos asumido" y ha recordado que en una ocasión la Ertzaintza se negó a borrar unas pintadas con su nombre en las que le tachaban de asesino "porque era domingo".

En cuanto a José Urquizu, hijo del teniente coronel del Cuerpo de Sanidad José María Urquizu, asesinado en la localidad el 13 de septiembre de 1980, al ser tiroteado en la farmacia que regentaba su familia, ha rememorado ante el magistrado el hostigamiento a su padre, quien según ha recordado, "había sufrido amenazas" antes del atentado, pues los violentos llegaron a echar clavos junto a su domicilio para que se le pincharan las ruedas del coche.

Abascal investiga a Ignacio Gracia Arregui, "Iñaki de Rentería"; Javier García Gaztelu, "Txapote"; Juan Antonio Olarra Guridi; Ainhoa Múgica; Asier Oyarzábal; Juan Carlos Iglesias Chouzas, "Gadafi"; Mikel Albisu, "Mikel Antza"; Vicente Goicoechea; Ramón Sagarzazu y María Soledad Iparraguirre, "Anboto" por delitos de asesinato, coacciones y amenazas terroristas ante los indicios de que detrás de este atentado -uno de los 379 de ETA que continúan sin resolver- había una "estrategia de terror continuada, indiscriminada y persistente".

Gritos de "ETA mátalos"

En una entrevista con LA RAZÓN, Carlos García recordó cómo le marcó el asesinato de Jesús Mari Pedrosa. "Fue durísimo. Cuando le velábamos en el salón de plenos de Durango, en la calle algunos gritaban, en el silencio de la noche: «ETA mátalos»". Ese día, aseguró, se le quedó "grabado el odio" de los radicales proetarras hacia los políticos del PP.

Al admitir a trámite la querella de DyJ, el juez Abascal argumentó que el atentado contra Pedrosa no fue solo un asesinato terrorista, sino que con él ETA buscaba "una amplificación y un refuerzo de esa amenaza terrorista, formando parte de esa estrategia de terror continuada y no puntual, indiscriminada y persistente, hasta el año 2011".

En su denuncia, la asociación que preside Daniel Portero señalaba que el asesinato de Pedrosa se cometió por su "resistencia cívica y heroica a abandonar el País Vasco" tras una "larga campaña de coacciones y amenazas terroristas". El letrado Miguel Ángel Rodríguez Arias calificaba el atentado como crimen "instrumental o ejemplificante" cuyo objetivo era amedrentar a "otros muchos perseguidos a los que ETA igualmente quería expulsar" del País Vasco (el Instituto Vasco de Criminología concluyó que entre 60.000 y 2000.000 personas, entre el 5 y el 10% de la población, se vieron forzadas a claudicar y abandonar sus hogares para emprender una nueva vida en otro lugar por el acoso de ETA).