La teniente fiscal del Supremo pide un informe a los fiscales que apoyan imputar a Puigdemont por Tsunami

La teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, quiere conocer los argumentos que llevaron a la mayoría de fiscales de la Junta de Fiscales del alto tribunal a apreciar indicios suficientes para investigar a Carles Puigdemont en la causa por terrorismo que instruye el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón. La número dos de la Fiscalía ha solicitado a tal fin a la mayoría de la junta que le remitan un informe por escrito que recoja sus conclusiones para justificar esa investigación por terrorismo y la imputación del expresidente de la Generalitat, según confirman fuentes de la Fiscalía.

Esas mismas fuentes justifican la decisión de Sánchez Conde -que también ha reclamado al fiscal Álvaro Redondo su dictamen, que no apoyó una amplia mayoría de sus compañeros- en que los fiscales que respaldaron a García Castellón "solo le mandaron el acta con el resultado de la votación, pero sin ningún razonamiento para rechazar el informe del ponente". Unos argumentos que quiere examinar antes de elaborar su informe sobre el "caso Tsunami", que en todo caso no es vinculante y dejará en manos de la Sala de Admisiones del Tribunal Supremo, presidida por el magistrado Manuel Marchena, la decisión sobre la posible investigación a Puigdemont que podría complicar que finalmente quede amparado por la ley de amnistía.

El pasado día 6, doce de los 15 fiscales que integran la cúpula fiscal en el ámbito penal coincidieron en la existencia de indicios de terrorismo en la causa de Tsunami Democràtic -en la que están investigados Puigdemont, la dirigente de ERC Marta Rovira y otras diez personas por su supuesta responsabilidad en los altercados durante las protestas organizadas por la plataforma independentista en el otoño de 2019 para protestar por la sentencia del "procés"-. Once de ellos, además, vieron indicios suficientes para imputar al líder de Junts (y al diputado de ERC huido a Suiza Ruben Wagensberg), coincidiendo con el criterio de García Castellón, que remitió una exposición razonada al Supremo solicitando que se le investigue al estar aforado ante este tribunal por estos hechos.

Fractura en la Fiscalía

Ante las discrepancias entre los dos fiscales jefe, Fidel Cadena y Joaquín Sánchez Covisa, es ahora la teniente fiscal del Supremo la encargada de fijar el criterio de la Fiscalía del alto tribunal al respecto y debe decidir si secunda a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que no ve terrorismo, sino desórdenes públicos, y considera que no hay indicios para imputar a Puigdemont (una postura que también defendió el fiscal Redondo), o por el contrario respalda el criterio de la mayoría de la Junta de Fiscales.

El informe de Redondo calificaba de "demasiado abiertos" los indicios contra Carles Puigdemont, descartaba la existencia de un delito de terrorismo y optaba por instar a García Castellón a continuar con la investigación. En ese dictamen, el fiscal sí apreciaba indicios de desórdenes públicos, posibles coacciones, daños y falsedad documental, en las protestas de Tsunami, pero desvinculaba al líder independentista de toda responsabilidad en los heridos durante la toma del aeropuerto del Prat instigada por Tsunami el 14 de octubre de 2019 y descartaba que se le pudiese achacar la muerte de un ciudadano francés que falleció a causa de un infarto en las instalaciones aeroportuarias.

Por contra, García Castellón sí ve indicios "fundados y serios" de la comisión de hechos que se pueden calificar como acciones de terrorismo y situaba a Puigdemont en una posición ejecutiva y de liderazgo en Tsunami Democràtic, y de "ascendencia” respecto al resto de investigados.