Tensión diplomática por los controles en la verja de Gibraltar

El embajador español en Londres fue llamado ayer a consultas por el Gobierno británico para rendir explicaciones por los controles que la Polícia española esta llevando a cabo en los últimos días en la verja de Gibraltar, inspecciones que han provocado colas de hasta siete horas a los gibraltareños que se disponían a salir de la colonia británica. Al encontrarse el embajador español, Federico Trillo, fuera de la capital británica por vacaciones, fue Ramón Gandaria, encargado de negocios de la embajada, el encargado de hacer llegar al diplomático Simon Grass que España considera los controles en la frontera con Gibraltar «irrenunciables». Gandaria ha informado, asimismo, de que España tiene la responsabilidad y la obligación de velar por el cumplimiento de la normativa nacional y comunitaria para controlar tráficos ilícitos de todo tipo. Gibraltar no pertenece al espacio Schengen y, al no ser territorio comunitario, no existe libre circulación de mercancías y régimen común de IVA. El diplomático español dejó claro también que se trata de controles de documentación de naturaleza aduanera y policial que se están efectuando a personas, vehículos y mercancías y que no se trata de contramedidas ya que no violan el principio de no discriminación al estar siendo aplicados tanto a vehículos que salen como a los que entran en la colonia. La diplomacía española ha dejado claro también en numerosas ocasionas que la intensificación puntual de estos controles (que ha tenido lugar ocasionalmente en el pasado) seguirá produciendose en el futuro siempre que el Gobierno de España lo considere necesario.

En un comunicado emitido por la diplomacia británica posterior al encuentro entre Grass y Gandarias, el secretario de Estado de Exteriores, Hugo Swire, ha dicho que «del día 26 al 30 de julio se produjeron largos retrasos de hasta 7 horas en la frontera entre Gibraltar y España como resultado de controles totalmente desproporcionados, introducidos por las autoridades españolas a vehículos que entraban y salían de Gibraltar». Swire también lamentó que «la alteración en el flujo fronterizo tiene un impacto directo en la prosperidad y bienestar de las comunidades en ambos lados de la frontera».

El contacto diplómatico de ayer en Londres tuvo lugar después de que el pasado 29 de julio el jefe de la diplomacia británica, William Hague, se pusiera en contacto telefónico con su homólogo español, José Manuel García-Margallo, para pedirle que desbloqueara la situación que estaba causando un perjuicio grave a la economía de la colonia.

El propio Margallo recordó ayer mismo a las autoridades gibraltareñas que España está «cumpliendo estrictamente con la legislación». «La diferencia es que nosotros estamos cumpliendo estrictamente la legislación y el Gobierno de Gibraltar ha escogido una política de hechos consumados violando la legislación europea, entre ella la legislación medioambiental», dijo Margallo en alusión al vertido en aguas que España considera propias de al menos 70 bloques de hormigón que, además de poner en pelígro el ecosistema marino de la zona, dificultan las tareas de los pescadores españoles que fanean en esas aguas.

La última vez que el embajador español fue llamado a consultas por el ministro de Asuntos Exteriores británico tuvo lugar en noviembre después de que pescadores españoles fanearan en aguas consideradas por la colonia como propias. Reino Unido pretende tener jurisdicción sobre las aguas situadas al Este de la mediana de la Bahía de Algeciras hasta la proyección de la verja de La Línea de la Concepción y sobre 3 millas náuticas de las aguas situadas al sur y al levante de Gibraltar. Por el contrario, España no reconoce aguas territoriales propias a Gibraltar salvo las interiores del puerto en una interpretación fiel a la letra del artículo X del Tratado de Utrech por el que se cedieron sólo «la ciudad y castillo de Gibraltar, juntamente con su puerto, defensas y fortalezas que le pertenecen.

70 bloques de hormigón fueron el detonante del conflicto

El lanzamiento de 70 bloques de hormigón armado con pinchos de hierro que realizó la semana pasada un remolcador de las autoridades gibraltareñas en las aguas en las que suelen faenar los buques españoles y ha sido la causa principal de un conflicto diplomático entre Madrid y Londres, que vivió ayer uno de sus momentos más críticos, al ser llamado el embajador de España en Reino Unido, Federico Trillo, a reunirse con representantes del Gobierno británico.

Las gigantescas piedras de cerca de 1,5 metros cúbicos de hormigón fueron arrojadas sin ningún tipo de consulta o autorización previa desde una plataforma flotante que iba escoltada por varias embarcaciones de las fuerzas de seguridad del peñón.

Los pescadores de la bahía de Algeciras, en Cádiz, denuncian que los bloques depositados en el fondo marino «han dañado gravemente el caldero» y que han causado que la captura de «prácticamente la totalidad de las especies» sea mucho más complicada en toda la zona próxima a la Línea de la Concepción.

Los marineros andaluces solicitaron la pasada semana, a través de un documento remitido a las autoridades de Gibraltar, que se retiren los 30 cubos para poder volver a desarrollar su actividad con normalidad.