Tensión en Algeciras: «Saben quiénes somos. Nos sentimos como en otra Alsasua, con la misma presión»

Los guardias civiles aseguran que la situación que se vive «roza lo imposible» y que el acoso ha aumentado.

Lo que ocurre en el Campo de Gibraltar y zonas adyacentes es el particular «alde hemendik» («iros de aquí» de los proetarras) que ponen en marcha los narcotraficantes que operan en esta parte de España. La agresión del pasado sábado a agentes del GAR, aunque oficialmente se le quiera dar un perfil bajo, es una prueba más de la estrategia de estos delincuentes para frenar la acción de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Según diversas fuentes consultadas, la presencia en un restaurante de El Rinconcillo, de Algeciras, de nueve agentes del Grupo de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Civil, que vestían de paisano pero que fueron descubiertos por su acento, corpulencia, corte de pelo y marcialidad, es un incidente más. No pasaron inadvertidos a algunos de los 400 asistentes a una Primera Comunión, 40 de los cuales trataron de linchar a los agentes. Pero lo que viene ocurriendo en Algeciras viene ya de lejos y se ha recrudecido en el último año, con una mayor virulencia desde que se cerró el paso del Río Guadarranque, lo que ha hecho que los clanes de la droga recrudezcan su actuación contra las Fuerzas de Seguridad al verles como una clara amenaza al negocio de la droga que les genera cantidades ingentes de dinero.

Aunque no hayan trascendido, destacan fuentes de IGC en Algeciras «ha habido bastantes agresiones en el último año» contra Guardias Civiles un territorio que, dicen ya «roza lo imposible». Agunos agentes aseguran que, aunque no se diga, «el acoso laboral y familiar» existe. Sin ir más lejos, recuerdan, «hace dos o tres meses dieron una paliza a un compañero en su coche, cuando salía de trabajar. Le rompieron los cristales», destacan las mismas fuentes. La rotura de lunas, retrovisores y coches es algo ya cotidiano. «Nos sentimos como en Alsasua. No son los años de ETA, pero sentimos la misma presión que merma mucho la situación de los compañeros», destacan. Los guardias civiles prefieren no hablar de los casos que se repiten y aseguran que llevar allí a vivir a las familias «es algo muy personal, pero la verdad es que no es un destino cómodo» sobre todo cuando les identifican fuera de servicio. «Saben quiénes somos», y muchos ni siquiera tienen a sus familias viviendo en la zona de destino por seguridad.

El narco está cada día más envalentonado y trata de presionar por todos los medios a los agentes para dificultar su labor y transmitirles el mensaje de que no pintan nada allí, que es una zona «liberada» para que las bandas puedan seguir con el transporte de hachís desde Marruecos a España.

El «modus operandi» del narcotráfico, seis clanes organizados para proteger el negocio de la droga y la mercancía, impide a los guardias incluso acercarse a las lanchas. «Cuando uno de los nuestros del servicio marítimo se acerca a interceptar un cargamento las embarcaciones del narcotráfico son siempre más rápidas porque van a la última» y además, destacan, van siempre escoltadas por siete u ocho embarcaciones a la vez. También se han dado casos en los que, por la noche, cuando una de las patrullas intentaba evitar la introducción de hachís, «dos 4x4 han tratado de quitarles de en medio».

«El problema es que es una batalla desigual, en la que los malos tienen más medios, apoyo de cierta población e infraestructura (transportistas de droga), que los buenos» (Fuerzas de Seguridad del Estado). Así se expresa un agente con larga experiencia en el mundo del narcotráfico al definir la situación del Campo de Gibraltar y otras zonas de esa costa, donde son constantes, a diario, las descargas de hachís proveniente de Marruecos.

«Ahora tenemos una generación de narcos que se plantan ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que utilizan armas de fuego y en las que hay profesionales», destaca Alberto Moya, secretario general de AUGC. Y es que, «esta gente tiene legiones de jóvenes a sueldo» porque en un lugar con «graves problemas» de desempleo y pobreza, «pueden pagar sueldos que ninguna multinacional puede abonar a sus ejecutivos». Moya afirma que mientras, el Estado de Derecho está perdiendo peso en la zona, entre otros motivos porque «las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no tienen los medios ni las plantillas suficientes para abordar un problema que está creciendo por momentos».

La situación de presión sobre las Fuerzas de Seguridad permanece con tendencia a aumentar. Las fuentes consultadas consideran que, además de los medios materiales y humanos, hacen falta medidas legales efectivas, para que, por ejemplo un narco no esté en la calle al poco tiempo tras el pago de una fianza y que el que agreda a un agente vaya directamente a prisión. Saben cómo trabajamos y por ellos saben cómo contrarrestarnos».