Las cuatro asociaciones de jueces y tres de fiscales de nuestro país censuran las declaraciones en que la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, calificó de "vergüenza" la sentencia que absolvió a Dani Alves y puso en duda que se mantenga la presunción de inocencia del exfutbolista "sobre el testimonio de mujeres jóvenes que denuncian a personas poderosas".

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Foro Judicial Independiente (FJI) recuerdan que es imprescindible que representantes públicos, como Montero, "respeten y respalden la labor de los jueces y magistrados, evitando comentarios que puedan socavar la confianza en nuestro sistema judicial" y poner en riesgo su independencia. A ellas se unieron sus homólogas en la carrera fiscal, la Asociación de Fiscales, la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).

Yendo a la concreto, todas las asociaciones realizan una defensa de la presunción de inocencia, que recuerdan que es un "derecho fundamental" de nuestra Constitución, y "garantiza que ninguna persona sea considerada culpable hasta que se demuestre su responsabilidad penal mediante pruebas suficientes" y legalmente obtenidas. "Cuestionar este principio básico puede poner en riesgo las garantías procesales y la equidad en los juicios", le reprochan.

De igual forma, los miembros de la judicatura exponen que la protección y apoyo a las víctimas de agresiones sexuales, como la que presuntamente era la denunciante del "caso Dani Alves", "debe coexistir con el respeto a los derechos fundamentales, asegurando un equilibrio que garantice la Justicia".

En el comunicado conjunto, difundido este lunes, terminan pidiendo responsabilidad a los cargos públicos para que no se repitan palabras como las de la líder socialista andaluza poniendo en duda un fallo judicial. "Las críticas a las resoluciones judiciales son legítimas, pero han de ser fundadas y contextualizadas" a fin de no acabar por "erosionar la confianza de la ciudadanía en las instituciones y poner en peligro el Estado de Derecho".