Torra apela a Sánchez a proteger el simbolismo independentista

Los grupos que retiran lazos amarillos llevan el caso a los tribunales porque vulneran sus derechos.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, se dirigió ayer por carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para recriminar la «escalada de violencia» que se está originando en Cataluña a cuenta de la retirada de lazos amarillos. En una misiva enviada el martes y con un tono sesgado, Torra acusa exclusivamente a la sociedad civil constitucionalista –a la que tilda de formar «grupos armados y violentos»– de provocar incidentes y exige que se tomen medidas contra dos agentes de la Policía Nacional y uno de la Guardia Civil involucrados en diversos episodios en los últimos días. Uno de los policías está acusado de haber insultado a dos diputados independentistas y a otro se le atribuye una agresión al fotoperiodista Jordi Borràs. El miembro de la Benemérita fue uno de los 14 identificados el pasado domingo en Tarragona por los Mossos d’Esquadra cuando estaba retirando simbología independentista. Ante las identificaciones de la policía catalana, la secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, aseguró ayer que será un aspecto a abordar en la Junta de Seguridad que se celebrará en las «próximas fechas».

En este marco, Torra exige a Marlaska que se informe de forma «urgente» a la Generalitat de las decisiones que van a tomar contra los agentes policiales atendiendo a la Ley Orgánica del régimen disciplinario de la Guardia Civil y la Ley Orgánica del régimen disciplinario de la Policía Nacional. Según el president, ambas normas sancionan la «ostentación o uso de armas sin causa justificada» –en alusión a los instrumentos (cúters o tijeras) que usan para limpiar las calles de lazos– u «organizar o participar activamente en reuniones o manifestaciones de carácter pólitico o sindical». «Es urgente (...) depurar responsabilidades», concluye Torra.

Ante la ofensiva de la Generalitat contra los grupos que retiran lazos amarillos, con la amenaza de imponer multas de entre 600 euros y 30.000, el constitucionalismo ha salido al paso con distintas iniciativas. La última corrió a cargo de la plataforma Impulso Ciudadano, que ayer interpuso una denuncia contra la cúpula de la Conselleria de Interior.