Torres se olvida del duque de Palma y echa la culpa a su «ejército de asesores»

Después de su última ofensiva de correos electrónicos para intentar poner en apuros a la Casa Real y dar un giro al «caso Nóos» en su beneficio, Diego Torres parece haberse olvidado de Iñaki Urdangarín, blanco habitual de sus reproches a lo largo de la instrucción. En el escrito de alegaciones en el que su abogado, Manuel González Peeters, se opone a la imposición de la fianza reclamada por Anticorrupción, el ex socio del duque de Palma descarga ahora la responsabilidad en su «ejército de asesores» y en el Gobierno balear.

En el primer caso mantiene que su trabajo estuvo en todo momento «supervisado» por un «ejército de asesores de todo tipo, habidos y por haber», en los que implícitamente descarga cualquier responsabilidad que se le pueda achacar. Por tanto, añade, él «ni por asomo podía tener la más leve sospecha de la existencia de irregularidades».

En cuanto al convenio de colaboración firmado en julio de 2005 con el Gobierno balear, recuerda que por parte de éste firmaron la consejera de Presidencia y Deportes, María Rosa Puig, y el consejero de Turismo balear, Joan Flaquer. «¿En qué cabeza cabe que Diego Torres –se pregunta su abogado– pudiera tener la más mínima duda acerca de la absoluta licitud de los acuerdos?». El entonces profesor de Esade, dice González Peeters, no tiene «la menor idea, ni directa ni indirectamente, de cuestiones de tipo jurídico». Rebate igualmente la acusación fiscal de que hubo un «acuerdo de voluntades» para desviar los fondos públicos. «¿Cómo alguien puede concertarse con otros a los que ni siquiera conoce?», inquiere.

Por si fuera poco, añade, la Sindicatura de Comptes de Baleares ratificó la legalidad de los convenios en tres informes de septiembre de 2005, junio de 2006 y julio de 2007. Torres, en consecuencia, «no podía presagiar ni en sueños que pudiera existir un atisbo de ilicitud».

La defensa del ex socio del duque de Palma coincide en lo fundamental con la argumentación del abogado de Urdangarín: no ha cometido ningún delito y, por tanto, no corresponde imponerle fianza alguna. Cuestiona, además, la normativa que, según el fiscal, debe aplicarse a los convenios firmados con las administraciones, que considera «de todo punto desatinada».

Respecto al delito, Torres esgrime que no era autor de la prevaricación que se le imputa, y aclara que al no ser funcionario público sólo podría haberlo cometido como cooperador necesario, inductor o cómplice, pero «nunca podría ser autor», de lo que se deriva que sólo se le podría considerar responsable civil subsidiario.