El «traidor Felipe»

Afortunadamente, la decisión de Alberto Núñez Feijóo de presentarse a la investidura, aunque resulte fallida, le permitirá convertir la cita del 26 de septiembre en una suerte de moción de censura. Tras atragantársele la insuficiente victoria del 23-J, hay 11 millones de españoles deseosos de conocer sus intenciones. Algo más de dos meses son suficientes para asimilar el golpe de haberse escapado el cambio por los pelos.

El presidente del PP debe aprovechar la oportunidad para relatar ante los ciudadanos qué propone como alternativa, a ser posible cargada de certidumbres. Ayudaría, además, que se visualizara en el Congreso de los Diputados una concertación con el presidente de Vox, Santiago Abascal. Una especie de «todos a una» que ahora mismo resulta obligado.

Porque, erraría el centro derecha si se instalara de nuevo en el pronóstico de una legislatura insostenible de Pedro Sánchez, corta, de apenas un par de años. No se debería apostar por ello. El presidente en funciones ha mostrado sobradamente que su ética sólo está ligada al interés propio y hará cualquier cosa para seguir en el poder.

Aunque, sí debe el PP advertir severamente a los altos funcionarios «colaboracionistas» en reescribir la Constitución, que su cabecilla tiene fecha de caducidad. Sin duda. Pero la responsabilidad de sus conductas –la de todos aquellos que militen para agrietar nuestro Estado– jamás se extinguirá. Por ello, una vez llegue a La Moncloa Feijóo, además de revocar de inmediato, en su primer Consejo de Ministros, aquello inmoralmente lesivo para la igualdad de los españoles, tendrá bien anotado en su memoria los nombres y apellidos de los que desde sus atalayas han allanado el camino para retorcer la legalidad. Sean estos letrados de las Cortes, fiscales, jueces, magistrados del Tribunal Constitucional o políticos. Roma no paga traidores y la vida es muy larga.

Mientras, La Moncloa fija su mirada en octubre. Sánchez quiere acelerar su investidura. La reelección del secretario general socialista como presidente del Gobierno va a suponer un salto político de grandes dimensiones. Necesariamente irá ligada a la voladura de la Transición. El proceso de negociación con Carles Puigdemont para sumarlo al resto de compañeros de viaje, de Sumar a Bildu, pasando por ERC, PNV o BNG, conlleva cumplir con la condición de una ley de amnistía que rinda nuestra democracia al ex presidente de la Generalitat y a otros que, junto a él, se saltaron la ley. Estamos ante una enmienda a la totalidad al denostado por el progresismo como «régimen del 78».

Es un contrasentido que en un Estado de Derecho democrático haya leyes de punto final. Asistimos a un auténtico borrado de 45 años de democracia. La crisis nacional ha venido para quedarse, dada la determinación de Sánchez de jugar con cartas peores que en la pasada legislatura. Nada queda ya de aquel PSOE que en 2017 apoyó el despliegue del artículo 155 para frenar la tentativa de separar Cataluña de España por las bravas. Sánchez se ha abrazado a Puigdemont con la misma rapidez con la que ha dado por hecho que gozará de un nuevo mandato.

Que el máximo mandatario del socialismo dependa de un huido de la Justicia va a acarrear graves consecuencias. Solo el hecho de reconocerle como un interlocutor válido arrambla definitivamente con la posición mantenida por nuestro país desde que Felipe VI emplazase a los poderes del Estado, hace ahora seis años, a restaurar la legalidad en la comunidad autónoma. La rendición de Sánchez ha desatado una ola de críticas en sus filas, encabezadas por Felipe González y Alfonso Guerra: un suma y sigue de nombres que viven serias dificultades para reconocerse en sus siglas. Pero la cúpula socialista contempla esas alertas como «opiniones aisladas» o «ejercicios de melancolía».

Al fin y al cabo, el poder orgánico está en manos de Sánchez y la perspectiva de conservar el Gobierno ha replegado a los magullados líderes territoriales a los cuarteles de invierno de sus federaciones, con la descontada excepción del castellano-manchego Emiliano García-Page. La inquietud ante la complejidad de la aritmética está tan extendida como la cautela. Ferraz ha recetado mucha calma. Se trata, defienden con ahínco, de seguir a ciegas al «jefe», que «sabe perfectamente lo que hace». En los grupos de WhatsApp de la Ejecutiva Federal, los palmeros rivalizan en halagos a Sánchez y acusaciones contra el «traidor Felipe». El núcleo duro, crecido, aguanta las críticas sin sentirse interpelado por sus detractores, eso sí, evitando ir públicamente al choque contra ellos.

Ni contra el socio de coalición, aunque las diferencias estratégicas con Yolanda Díaz a la hora de negociar siembran dudas. Evidentemente, el líder de Junts tiene claro que debe entenderse con un PSOE a cuyos emisarios al más alto nivel, léase el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, o quizá el secretario de Organización, Santos Cerdán, puede acabar recibiendo en Bruselas con luz y taquígrafos. Serviría para ahondar en el reconocimiento, que la vicepresidenta segunda emprendió la semana pasada, de Puigdemont como legítimo presidente de Cataluña en el exilio. Tal cual. Exaltando y estirando al máximo la «convivencia» como un fin para el que serviría cualquier medio.