La «trama Koldo» se comprometió por escrito a no «obtener comisiones»

La supuesta trama en torno a Koldo García, exasesor del ex ministro José Luis Ábalos –investigada por la adjudicación de más de 52 millones por el suministro de mascarillas en pandemia–, se comprometió por escrito con intermediarios de sus operaciones para importar el material sanitario de China a no «obtener comisiones» en la operación. Así figura en la copia de uno de los contratos firmados para el suministro del material sanitario que están incorporados al sumario judicial, al que ha tenido acceso LA RAZÓN.

En el documento fechado en Luxemburgo el 24 de marzo de 2020 (tres días después de la primera adjudicación de Puertos del Estado y tres días antes de la segunda por parte de ADIF), Víctor de Aldama, en representación de Soluciones de Gestión, y el que fuera su administrador José Ángel Escorial, en representación de Purdey Investment, firmaron un contrato de colaboración y confidencialidad con el gerente de la empresa luxemburguesa Hellange, Frieso Por, y con Peter H. Dubbeld en calidad de gerente de Catcolne Trading BV y «agente de ‘‘trading’’ para el fabricante».

En el mismo, se comprometen a que «no eludirán ni intentarán eludir el presente acuerdo ni cualquier otro dimanante del mismo con el fin de obtener comisiones, remuneraciones ni contraprestaciones». Expresamente, asumían la obligación de respetar «las normas éticas y profesionales» de sus respectivas actividades, tratando de «buscar siempre los mejores profesionales» en esa colaboración conjunta para que «el mejor precio en la inversión» fuese acompañado de «la mayor calidad» en las mascarillas sanitarias.

Según la investigación judicial, el reparto de los ingresos obtenidos en los sucesivos contratos adjudicados por los ministerios de Transportes (a través de Puertos del Estado y el gestor ferroviario ADIF), Interior (Secretaría de Estado de Seguridad) y Sanidad (en un megacontrato del Ingesa, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria del que se llevó dos lotes en unión de Ferrovial), y de los gobiernos socialistas de Canarias y Baleares, dejó en manos de los proveedores de las mascarillas un 37% del montante total, destinando al transporte (a través de Iberia y Globalia) un 15%. Deluxe Fortune y MTM 180 Capital (las empresas de Víctor de Aldama) se llevaron un 13 por ciento y la parte del león correspondió al Grupo Cueto y Soluciones de Gestión, que acaparó un 35%, que se repartió así: un 32% para Soluciones de Gestión, otro 1% para empresas vinculadas y el restante 2% directamente para el Grupo Cueto, cuyo máximo responsable, Juan Carlos Cueto, encausado en el procedimiento, aseguró al juez el pasado miércoles – según fuentes jurídicas– que no pretendía enriquecerse con el suministro de mascarillas, sino ayudar a los españoles.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cifra en 9,6 millones los beneficios que obtuvo Cueto con la operación y en cinco millones y medio los de Víctor de Aldama.

En el marco de la investigación, el juez Ismael Moreno ha ordenado ya bloquear 88 cuentas bancarias –casi la mitad de Aldama– vinculadas con los principales imputados, entre ellos, además del presidente del Zamora CF, del propio Koldo García, su mujer y su hermano Joseba, así como del empresario Juan Carlos Cueto y de empresas de su conglomerado empresarial y del también empresario Iñigo Rotaeche.

Relación con un alto cargo

Pero el radio de investigación bancaria de la Guardia Civil va mucho más allá. No en balde, en un requerimiento de la UCO al instructor incorporado al sumario del «caso Koldo», la unida policial solicitó al magistrado en septiembre de 2022 que solicitase información a 31 entidades bancarias sobre 288 cuentas vinculadas, en calidad de titulares o autorizados, a diez investigados y 17 empresas relacionadas con la supuesta trama.

La Guardia Civil ha constatado que Koldo García tenía una «relación personal y directa» con dos personas que participaron en las adjudicaciones a la «trama» por parte de Puertos del Estado y ADIF, el gestor de infraestructuras ferroviarias, ambos organismos dependientes del ministerio que entonces dirigía Ábalos.

Los agentes consideran que el asesor ministerial «habría ejercido su influencia» en la adjudicación del primer contrato a Soluciones de Gestión, el 21 de marzo de 2020, por 20 millones de euros y señalan directamente a Álvaro Sánchez Manzanares, secretario general de Puertos del Estado, «que participó en el expediente de este contrato» por razón de su cargo. Las intervenciones telefónicas dan cuenta de una llamada del subsecretario a Koldo el 2 de noviembre del pasado año.

De hecho, la investigación pone de relieve que en una conversación con Cueto el 19 de septiembre de 2023, el en esas fechas ya exasesor de Ábalos «parece atribuirse la gestión de los contratos como un proyecto propio». Y es que en referencia a Aldama y a los fletes de mascarillas investigadas asegura en un momento dado: «Me resolvió los problemas que tenía para poder ejecutar y traer lo que yo necesitaba de fuera».