Transparencia pide otra vez al Gobierno las circulares sobre nacionalizaciones por la Ley de Memoria Democrática

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) se ha dirigido al Ministerio de Asuntos Exteriores «reiterándole la necesidad de cumplir de forma inmediata» la resolución del 7 de julio por la que se le impuso la obligación de publicar las circulares que envió a los consulados relativas a los procesos de nacionalización exprés de descendientes de españoles en el exterior.

Transparencia estableció la obligación de cumplir ese requerimiento unos días antes de las elecciones generales del 23 de julio, al tratarse de circulares que afectan directamente al procedimiento de acceso a la nacionalidad española y pueden tener impacto sobre el censo electoral, lo que manifiesta un interés general y el derecho a su conocimiento con carácter público.

El CTBG instaba a Exteriores a remitir, en un plazo de diez días, las circulares enviadas a los consulados españoles en las que se aborden cuestiones referidas a la aplicación de la Ley de Memoria Democrática y las nacionalizaciones que contempla la también llamada «Ley de Nietos». El plazo vencía en la víspera de la jornada de reflexión previa al 23J, sin que hasta la fecha haya habido respuesta a la petición. A instancias del abogado que reclamó la información, Guillermo Rocafort, este organismo autónomo ha enviado una primera reiteración de cumplimiento al Ejecutivo, firmada por la subdirectora adjunta del organismo público.

«No resultan de aplicación las causas de inadmisión y los límites invocados», concluía Transparencia en su primera resolución, recordando «el derecho de todas las personas a acceder a la información pública» y fallando a favor del letrado, que solicitó las circulares el pasado mes de octubre.

El CTBG recordaba al Gobierno «que la observancia del plazo máximo de contestación es un elemento esencial del contenido del Derecho Constitucional de acceso a la información pública».

En aquella ocasión, el presidente del Consejo de Transparencia, José Luis Rodríguez Álvarez concluía que «atendiendo a su contenido, en la medida en que se contienen las pautas interpretativas de la Ley de Memoria Democrática y las instrucciones a seguir respecto de las solicitudes de nacionalizaciones, tienen un componente decisivo en la forma de actuar de las Administraciones públicas y su aplicación a las terceras personas afectadas».

El proceso comenzó el 27 de octubre de 2022, cuando Rocafort solicitó al Ministerio de Asuntos Exteriores, al amparo de la Ley 19/2013, una copia de todas las circulares enviadas a consulados que contuvieran información relativa a las nacionalizaciones en base a la Ley de Memoria Democrática.

La solicitud, a pesar de estar amparada por la Ley de Transparencia, fue rechazada el 19 de diciembre. El Ministerio de Asuntos Exteriores sostenía que se basaba en el artículo 18.1.b. de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno de 2013, que establece que «se inadmitirán a trámite las solicitudes referidas a información que tenga carácter auxiliar o de apoyo como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas».

A pesar de la primera negativa, el abogado, mediante un escrito registrado el 21 de diciembre, interpuso una reclamación ante el CTBG alegando que la circular objeto de controversia no es una mera «orden de servicio interna» dirigida a los órganos inferiores administrativos del Gobierno, sino que regula «cuestiones de fondo que afectan a los ciudadanos».

Tras el nuevo «varapalo» de Transparencia, para Guillermo Rocafort «es más que evidente que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere ocultar unas circulares en las que se alentaba a nuestros representantes consulares a implementar un sistema electoralista de nacionalizaciones masivas», en su opinión, «para obtener votos entre los agraciados en base a una ley sectaria e ideológica como es la de Memoria Democrática».

Ya en junio, el Consejo de Transparencia pidió a la cartera de José Manuel Albares dar traslado de otra petición del letrado a los ministerios de Memoria Democrática y de Justicia «a fin de que faciliten la información de la que dispongan sobre los puntos de su competencia»: el número estimado de personas extranjeras a las que se les va a otorgar la nacionalidad española, con el detalle de los países de procedencia y el plazo estimado de concesión.