Transportes, Interior y Baleares avalaron ante Illa a la empresa de la "trama Koldo"

Soluciones de Gestión, la empresa de la «trama Koldo», exhibió ante Sanidad en 2020 –para optar a una adjudicación para la compra de mascarillas– la «satisfacción» que plasmaron por escrito en certificados de garantía los organismos públicos a los que ya había suministrado material sanitario: Puertos del Estado y ADIF, dependientes del Ministerio de Transportes, la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, y el Servicio de Salud del Gobierno balear que entonces presidía Francina Armengol. En total, más de 53 millones de euros (con un beneficio que Anticorrupción sitúa en mas de 16,5 millones de euros) ahora bajo una investigación judicial en torno al exasesor de José Luis Ábalos en Transportes Koldo García.

El aval de esos ministerios y del Ejecutivo balear resultó finalmente determinante para que el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) –dependiente del Ministerio de Sanidad que entonces dirigía Salvador Illa–, adjudicara dos lotes de ese megacontrato a la alianza empresarial de Soluciones de Gestión con Ferrovial. Un contrato que la Guardia Civil cifró en 136.500 euros pero que, según apunta, no se llegó a ejecutar.

Y es que el representante de esa UTE (unión temporal de empresas) informó al Ingesa el 18 de febrero de 2021 de que no había recibido «ninguna oferta firme para suministro de material» por parte de las administraciones bajo el paraguas del Ingesa.

Un informe de la UCO incorporado al sumario del «caso Koldo» –en el que analiza la documentación enviada por el Ingesa– concluye que este procedimiento de licitación «habría seguido los cauces reglados por la Administración». Pero la Unidad Central Operativa (UCO) llama la atención sobre el hecho de que la empresa de la supuesta trama «logra certificados de garantía de empresas e instituciones a los que ya ha suministrado material sanitario, logrando así postularse como proveedor de mascarillas» en este acuerdo marco. De esta forma, subraya, «quedaría justificada su elección por las entidades participantes».

Baleares: "Ninguna incidencia"

Esos documentos –incorporados al análisis de los requerimientos del Ingesa en la tramitación de este contrato marco– están firmados (entre el 12 y el 13 de agosto de 2020) por Michaux Miranda, director general de Gestión de Personas de ADIF (a quien la Guardia Civil presume una «relación directa» con Koldo) ; el cesado Álvaro Sánchez Manzanares, hasta hace unos días secretario general de Puertos del Estado; Daniel Belmar, subdirector general de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad de la Secretaría de Estado de Seguridad de Interior; y Antonio Mascaró, subdirector de Compras y Logística del Servicio de Salud de Baleares. Además, Globalia también expidió un certificado firmado por su director de Proveedores, Sergio Blanco.

Todos se expresan en similares términos con el objetivo de acreditar ante el ministerio de Illa que Soluciones de Gestión había ejecutado los respectivos contratos para el suministro de mascarillas «con arreglo a condiciones y satisfacción» de las administraciones referidas, habiendo recibido el material sanitario «de plena conformidad».

Llama la atención que en esas fechas el Gobierno de Baleares se mostrase satisfecho con la operación habida cuenta de que reclamó a Soluciones de Gestión 2,6 millones de euros por mascarillas defectuosas (aunque esperó casi tres años para hacerlo). De hecho, el Servicio de Salud balear constataba que hasta ese momento no había tenido conocimiento «de ninguna incidencia», por lo que le expidió ese certificado a efectos de «participación en concursos públicos».

Precisamente la reclamación de más de 2,6 millones de euros a Soluciones de Gestión por mascarillas defectuosas ha sido uno de los principales quebraderos de cabeza para la «trama», que recurrió a Koldo García para frenar ese contencioso, unas gestiones en las que según el juez del «caso Koldo», Ismael Moreno, pudo actuar como intermediario el propio José Luis Ábalos.

Los precios ofertados, "dentro de la media"

En el caso del megacontrato con el Ministerio de Sanidad, la Guardia Civil comprobó que los precios ofertados por Soluciones de Gestión y Ferrovial (de 1,13, luego rebajado a 90 céntimos tras un cambio de fabricante, y 2,09 por mascarilla en cada uno de los dos lotes) «se encontraban «dentro de la media».

En la declaración responsable presentada en Sanidad el 12 de agosto de 2020, los representantes de Ferrovial y Soluciones de Gestión se comprometían a que el material que debían suministrar era conforme «con los requisitos reglamentarios que resultan de aplicación en el marco de la legislación europea y nacional» y que la documentación que así lo acreditaba «se mantendrá a lo largo de toda la duración de los respectivos contratos».

Según aseguraban, las mascarillas de protección FFP3 cumplían con los requisitos técnicos marcados en el pliego de condiciones al estar confeccionadas con materiales «resistentes y biocompatibles en las condiciones de manipulación y utilización prevista», permitiendo «un ajuste hermético a la cara» y cubriendo nariz, boca y barbilla, además de estar etiquetadas con el marcado CE e incorporar, en su caso, instrucciones en español. Asimismo, la UTE garantizaba que entregaría el material con una vigencia no inferior a las 3/4 partes del plazo de caducidad etiquetado.