Trapero fulmina a Puigdemont y Forn

El mayor de los Mossos censura a la Generalitat por impulsar «un acto ilegal» y reprocha al ex conseller su «irresponsabilidad» por llamar a votar.

Consciente de que tiene que sentarse en el banquillo de la Audiencia Nacional para enfrentar una posible condena a once años de cárcel por rebelión, el mayor de los Mossos desenmascaró ayer a Carles Puigdemont y a su ex conseller de Interior Joaquim Forn. A ambos (y al entonces número dos del Govern Oriol Junqueras) –explicó a preguntas directas del presidente del tribunal, Manuel Marchena– les advirtió personalmente tres días antes del referéndum del 1-0 de que se producirían «necesariamente conflictos graves de orden público y de seguridad ciudadana». En esa misma reunión, les instó a cumplir con la legalidad y con la orden judicial de impedir el referéndum y, para evitar cualquier equívoco –insistió– les dejó claro que los Mossos «no acompañaban el proyecto independentista».

Sentado a apenas unos metros a su izquierda, el ex conseller Forn tuvo que escuchar cómo el mayor de los Mossos le reprochaba su «irresponsabilidad» por llamar a votar el 1-O pese a la orden judicial de impedirlo. En una declaración de más de cuatro horas y media, más propia de un imputado que de un testigo, el mando policial quiso alardear de que su intención siempre fue acatar los mandatos judiciales desvelando que tras la declaración unilateral de independencia incluso tenía listo un dispositivo por si había que detener a Puigdemont y sus consellers.

Éstos son los puntos más relevantes de su declaración:

La reunión clave del 28-s

Tras reunirse con Puigdemont y Forn dos días antes y no salir «especialmente satisfecho», Trapero pide una nueva cumbre con el president, Forn, Junqueras y la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, quien finalmente no asistiría. Sobre la mesa ya está el auto del TSJ de Cataluña que ordena impedir la consulta, pero el mayor de los Mossos constata que «eso no se está parando». La reunión clave se celebra en el Palau de la Generalitat y en ella trasladan a Puigdemont su «preocupación» ante lo que consideran inevitable: que se produjeran «conflictos graves» de orden público y seguridad ciudadana el 1-O porque «iba a haber dos millones de personas en la calle y 15.000 policías actuando».

El fiscal Javier Zaragoza había intentado con habilidad preguntarle por esa reunión, pero Marchena lo había impedido porque no era un testigo propuesto por la Fiscalía, sino por Vox, y la acusación popular, inexplicablemente, no había interrogado sobre la misma al testigo, lo que constreñía el interrogatorio al respecto del Ministerio Público. Pero, finalmente, fue el propio Marchena quien, arrogándose la facultad del presidente de la Sala de preguntar al testigo, cerró la testifical inquiriéndole personalmente sobre esa cita por la que las defensas querían pasar de puntillas.

«Hagan su trabajo»

Trapero cogió carrerilla y, en una intervención más propia del alegato final de un acusado que de un testigo, explicó que la cúpula de los Mossos instó a Puigdemont y sus consellers a cumplir la ley y para que «no se equivocasen», les aclaró que la Policía autonómica iba a acatar los mandatos judiciales y no tenía intención de «quebrar la Constitución». Al mismo tiempo, añadió, les trasladó su malestar por las declaraciones públicas de algunos consellers –señalando directamente a Forn y Jordi Turull– que seguían haciendo llamamientos a votar en la consulta ilegal.

Contrariado, Trapero les habría recordado –siempre según su versión– que el Tribunal Constitucional les había requerido personalmente a cumplir la orden de suspensión cautelar del referéndum, por lo que con su actitud les estaban poniendo «en una situación de riesgos personales». «Hagan el trabajo que tengan que hacer», fue la respuesta del entonces president.

40 colegios conflictivos

Trapero alertó especificamente al Govern de la posibilidad de que el 1-O se produjeran incidentes en 40 centros de votación, porque en determinados barrios estaban implantados grupos «con un cierto punto de radicalidad» que podrían hacer que la «resistencia pasiva» que se esperaba en general «fuese más allá».

Un «acto ilegal»

A preguntas del abogado de Forn, el mayor recordó la «inquietud» que generaba en los Mossos la actitud de «un Gobierno que estaba impulsando un acto ilegal» y que, al mismo tiempo, «tenía un cuerpo policial que necesariamente tenía que ir en sentido contrario». Unido al hecho de que los llamamientos de Forn y otros consejeros a votar el 1-O «confundían a la gente sobre cuál era nuestro papel» y, se quejó amargamente, daba una imagen de la Policía catalana «que aún estamos pagando».

«Actúen con paciencia»

Dejando a un lado los reproches de Trapero a la Generalitat, el mando policial defendió en todo momento la actuación de los Mossos y negó que su intención de preservar la convivencia ciudadana el 1-O no fue en ningún caso «una excusa» para cruzarse de brazos. De hecho, ha desvelado que fue la propia jueza del TSJ de Cataluña que ordenó impedir el referéndum quien personalmente se lo pidió. «Actúen con paciencia, contención y garantizando en todo momento la paz social», le habría dicho, unas palabras a las que hasta ahora no ha hecho referencia ningún mando policial del dispositivo del 1-O.

La «Deriva política»

El testigo justificó los cambios en la Conselleria de Interior, con la llegada de Forn, y en los propios Mossos, en julio de 2017, en la recta final del «procés», en la «deriva política» del Ejecutivo de Puigdemont. Según explicó, el antecesor de Forn, Albert Batlle, «no quería correr ningún tipo de riesgos». «Estábamos incómodos», reconoció el mayor de la Policía catalana.

«Tensión social»

De hecho, esa creciente «tensión social» y «conflictividad» que se vivía en Cataluña –que personificó en concentraciones, manifestaciones, escraches y pintadas– llevó a la puesta en marcha, a mediados de septiembre de 2017, del «plan Ágora».

20-S: 37 llamadas a sánchez

Durante los registros judiciales de la Consejería de Economía, Trapero intercambió 37 llamadas con Jordi Sánchez y solo una con el juez a las once de la noche. Forn, aseguró, le llamó para que se pusiera en contacto con el líder de la ANC, convocante de la protesta, que se ofreció a mediar «con la gente con la que tenía ascendencia». Le pidió que organizara un cordón de voluntarios para sacar a la comitiva por un segundo pasillo, éste policial, protegida por «una cápsula» de una veintena de agentes. Pero sacar también los vehículos policiales, destrozados, «era imposible» y finalmente improvisó la salida de la secretaria judicial por la azotea «para ahorrar tiempo» dado que a esas horas de la noche, el pasillo ya no se mantenía.

Choque con de los cobos

Desde el primer momento, su relación con De los Cobos se caracterizó por la «tensión dialéctica». Su nombramiento no le pareció normal y discrepó con él «sobre el uso de la fuerza», que para Trapero sólo estaba justificado si había «ataques, violencia» contra los agentes el 1-O. Dijo que le pareció «ofensivo» que el coordinador del dispositivo insinuara que se escudaron en el mantenimiento de la paz pública para no actuar. De hecho, mandó al comisario Ferrán López a las reuniones de coordinación, lo que supuso para él «una liberación».

Colegios ocupados

Para Trapero, los Mossos no cerraron ningún colegio antes del 1-O (el día de la consulta dijo que fueron 134) porque tenían la orden judicial de impedir cualquier «acto preparatorio» en su interior y allí no había urnas ni papeletas, sino «el estado normal de las cosas» y actividades lúdicas. «¿Había pasado antes algo igual?», le preguntó perplejo el fiscal Zaragoza. «No, nunca», admitió, «Pero eso lo estaban viendo todos los cuerpos policiales», pretextó.