Tres CDR reclaman a la Audiencia Nacional que archive la causa por terrorismo contra ellos en aplicación de la amnistía

Tres integrantes de los Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por terrorismo han solicitado ya a la Audiencia Nacional que archive la causa contra ellos en aplicación de la Ley de Amnistía. Así lo han solicitado sus defensas a la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, en unos escritos a los que ha tenido LA RAZÓN, los abogados de Ferran Jolis, David Budria y Clara Borrero, a quienes la Fiscalía -que a diferencia de lo que sucede en la causa de Tsunami Democràtic sí considera los hechos como terrorismo- imputa un delito de pertenencia a organización terrorista.

Estos tres procesados, junto a Xavier Buigas, son los únicos para quienes la Fiscalía pide ocho años de prisión, pues para los otros ocho acusados -Eduardo Garzón, Esther García Canet, Sonia Pascual, Queralt Casoliva, Germinal Tomas, Alexis Codina, Jordi Ros y Rafael Joaquín Delgado- reclama condenas de 27 años de cárcel, pues les atribuye además la comisión de delitos de tenencia, depósito y fabricación de explosivos y de tentativa de estragos. Unas peticiones de condena que la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) y la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (Acvot), que ejercen la acusación popular, elevan a penas de hasta 33 años de prisión.

La defensa de David Budria y Clara Borrero asegura que la Ley de Amnistía "deja exentos de responsabilidad penal los hechos enjuiciados en el presente procedimiento" y apremia a la Sala a acordar el sobreseimiento libre, que no permite una posterior reapertura.

Por su parte, el abogado de Ferran Jolis anuncia su intención de plantear la cuestión en la vista para los artículos de previo pronunciamiento convocada el próximo día 27 en la Audiencia Nacional. El letrado argumenta que cuando en diciembre del pasado año se le hizo entrega de la causa para formular sus escritos de defensa "no formuló petición de previo pronunciamiento en relación a la amnistía" porque "solo existía el simple registro en el Congreso de los Diputados de una proposición de ley".

En ese escrito, presentado el mismo día en que entró en vigor la Ley de Amnistía, la defensa de Jolis incide en que el artículo 3 de la normativa prevé "la extinción de la responsabilidad penal para los investigados o acusados", como es su caso, "en una serie de causas judiciales entre las que tiene cabida esta misma". "Ante este nuevo escenario sobrevenido con posterioridad al plazo para alegar artículos de previo pronunciamiento" -puntualiza- formaliza ahora su propósito de poner sobre la mesa la amnistía en la vista, por lo que solicita que se les "cite a la comparecencia" del día 27.

En su escrito de calificación, el fiscal Miguel Ángel Carballo solicitó penas de ocho a 27 años de prisión para los doce acusados de haber pertenecido al Equipo de Respuesta Táctica (ERT), la rama más radical de los CDR, integrando una "organización terrorista paralela, de carácter clandestino y estable, cuyo objetivo sería llevar a cabo acciones violentas o atentados con explosivos y sustancias incendiarias" con el objetivo de lograr la independencia de Cataluña.

El artículo 2 de la Ley de Amnistía exceptúa de su aplicación "los actos que por su finalidad puedan ser calificados como terrorismo" según la Directiva 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, relativa a la lucha contra el terrorismo, cuando "hayan causado de forma intencionada graves violaciones de derechos humanos".

"La violencia en su máxima expresión"

Según el representante del Ministerio Público, los CDR detenidos en 2019 en el marco de la "operación Judas" ya habían recopilado "informaciones precisas de sus posibles objetivos", entre los que se encontraban el Parlamento de Cataluña, la Comandancia Naval de Barcelona, el Gobierno Militar de la ciudad condal, la Delegación del Gobierno, la sede de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y la Jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil, así como torres de alta tensión, peajes e instalaciones en autopistas.

A todos ellos el fiscal les atribuía una "gran radicalidad" en la medida que el ERT era el encargado de llevar a cabo las acciones "más sensibles", las que demandaban "un plus de compromiso y profesionalidad en su ejecución".

El objetivo de los CDR era, señalaba la Fiscalía, "conseguir la independencia de Cataluña, empleando para ello la violencia en su máxima expresión, forzando con ello, de modo coercitivo, a las instituciones a conceder por la vía de los hechos la separación de Cataluña del resto de España". Y todo mediante una "estrategia planificada y organizada".

El instructor de la causa, Manuel García Castellón, señaló a Ferrán Jolis como "el iniciador" del ERT en julio de 2019 con una reunión celebrada en Montcada i Reixach (Barcelona), "el punto de encuentro de diferentes células que estarían llevando a cabo actividades de fabricación y elaboración de sustancias explosivas e incendiarias", a la que asistieron "entre fuertes medidas de seguridad" Eduard Garzón, Jordi Ros, Esther García Canet y Sonia Pascual.

El magistrado les imputó cortes de autopistas, ocupación de edificios simbólicos, el bloqueo del aeropuerto del Prat y otras movilizaciones como el vertido de aceite al paso de la comitiva policial que trasladaba a los líderes independentistas desde la cárcel de Lledoners el 1 de febrero de 2019, el levantamiento de las barreras de los peajes o los actos de protesta por la celebración en Barcelona del Consejo de Ministros el 21 de diciembre de 2018.