Tres empresas «tapadera» de UGT recibieron un millón de los ERE

Las irregularidades del «caso de los ERE» en torno a los sindicatos no se limitaron sólo a la federación andaluza de la Unión General de Trabajadores (UGT-A) por el cobro de 4,3 millones en «sobrecomisiones» pactadas con la Junta de Andalucía en relación a la gestión de las pólizas de prejubilación relacionadas con los expedientes de regulación de empleo fraudulentos. Porque el dinero procedente del Ejecutivo andaluz también llegó a UGT a nivel estatal, a través de tres empresas «tapadera» que el sindicato que dirige Cándido Méndez tiene participadas al completo o parcialmente. Y es que durante cuatro años, de 2006 a 2010, Uniter –una de las dos principales empresas intermediarias del sector de los seguros junto a Vitalia en la trama de los ERE– cedió también comisiones a estas entidades relacionadas directamente con UGT: Asesoramiento de Seguros y Previsión Atlantis, Industria de Técnica y Gestión S.L. y Temiqui S.A. En total, la central sindical de Méndez recibió 1.051.404,44 euros, según los asientos contables donde figuran los movimientos fraudulentos a los que ha tenido acceso este diario.

Las beneficiarias son tres empresas dedicadas a la asesoría en diferentes vertientes. La primera de ellas, Asesoramiento de Seguros y Previsión Atlantis, con sede en Barcelona, «es la sociedad de intermediación, 100% perteneciente a UGT, al servicio del Afiliado», según se anuncia en la propia web de la entidad. Entre sus servicios está un servicio de asesoramiento en previsión social, otro en seguros colectivos, pero cobra especial atención el servicio de orientación al afiliado. La misma empresa en la que el actual tesorero de UGT, Antonio Retamino Megías, fue presidente hasta 2008 y que a su vez recibió al menos 251.343,23 euros en comisiones en tres partidas diferentes: en 2010, cobró 13.907,49 euros; en 2009, 66.155,31 euros y en 2007, la cuantía más numerosa, ascendió a 171.280,43 euros.

Pero las evidencias de que el dinero de la Junta llegó a la tesorería estatal de UGT son todavía más claras en el caso de Temiqui S.A. e ITG. Y es que ambas sociedades tienen su domiciliación en diferentes plantas de la sede central del sindicato en Madrid. Temiqui S. A. se dedica a la elaboración de estudios de mercado, así como a la realización de encuestas de opinión pública. Y está siendo investigada por la jueza instructora Mercedes Alaya por el cobro de al menos 192.792,90 euros en comisiones ilegales, según los movimientos en varios asientos contables entre el 17 de febrero de 2006 y septiembre de 2010. Desglosado por años, Temiqui S. A. –que no sólo está participada al cien por cien por UGT, sino que también tiene como socio único a la Federación Estatal de Trabajadores de las Industrias Químicas y Energéticas (Fitag), una federación de UGT– recibió 69.600 y 123.192,90 en 2007 y 2008, respectivamente. Por si esto fuera poco, son varios los nombres de destacados dirigentes ugetistas que se han sentado alguna vez en el Consejo de Administración de esta entidad.

El primero es Antonio Deusa Pedrazo, que ejerce como presidente de la entidad y compagina este cargo con el de secretario general de Fitag. Pero el segundo es más famoso. Se trata de Salvador Mera, ex coordinador general de UGT en Cádiz, que dimitió el pasado 5 de noviembre tras ser detenido en la «operación Heracles», y que fue consejero de la entidad entre 2002 y 2011, según consta en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. Mera, que admitió haber ejercido como consejero de Temiqui S.A., aunque «sin poder de decisión sobre la actividad de la empresa», explicó que ejercía como un simple vocal «asistiendo una vez al año a las reuniones de cierre de balance». Formó parte de esta sociedad mientras ocupó la secretaría general de Industria y Afines en Andalucía, pero una vez fue elegido responsable del sindicato en Cádiz, dimitió el 16 de noviembre de 2011. La labor de Temiqui, según Mera, fue la de supervisar los expedientes de regulación de empleo solicitados en el sector de la química y la minería.

Por último, la tercera empresa «tapadera» que presuntamente cobró comisiones en la trama de los ERE es Industria de Técnica y Gestión (ITG), vinculada directamente a la Federación Estatal del Metal, Construcción y Afines, la federación que dirige Manuel Fernández «Lito». Esta empresa se dedica a los «servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico». Presidida por Emilio José Hernández Rabanaque, destacado dirigente de la Federación de Industria de UGT, también tiene su domicilio social en la sede central de Madrid. Y hasta allí debieron llegar los 607.268,31 euros que recibió en cinco pagos progresivos y anuales: 30.000 euros, en 2006; 46.504 euros, en 2007; 75.000 euros, en 2008; 219.193, 69 euros, en 2009 y 238.070,62 euros en 2011.