Tres extesoreros, dos exalcaldes y un exsenador, en la trama

El entramado societario construido a través de la trama Gürtel contó con la participación, entre otros, de tres extesoreros del Partido Popular (PP) -Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta y Ángel Sanchís- los exalcaldes de las localidades madrileñas de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón, Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda, el exsenador Jesús Merino, el exconcejal de Estepona Ricardo Galeote, el exconsejero de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo, así como funcionarios y empresarios, según el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz.

En un auto de 205 páginas hecho público hoy, indica que el cabecilla de la red Francisco Correa operó desde el inicio de su actividad laboral en los años 90 “con el objetivo de diseñar una estructura empresarial opaca” que vertebró en torno a la desvinculación de su persona “y a la obtención de favores derivados de las relaciones personales entabladas con responsables políticos” a través de los que conseguía contratos públicos, según el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz.

El grupo contaba con una evidente jerarquía y una estrategia coordinada. El juez coloca en su centro a Correa y al exdirigente del PP de Galicia Pablo Crespo. “Existe una actuación concertada para la captación de negocio mediante la obtención de la adjudicación de contratos públicos eludiendo los principios que la rigen”, indica el magistrado.

Relata cómo Francisco Correa, que comenzó su actividad con 14 años como botones turístico, terminó siendo el máximo responsable de la organización. “En concreto aparece como el jefe o responsable, actuando bajo sus órdenes Crespo, que es el encargado de ejecutar sus directrices”, indica.

El juez se remonta a los años 90, cuando Correa comienza a desplegar su actividad laboral a través de sociedades con personas de su máxima confianza que actuaban de administradores y le gestionaban el patrimonio para ocultar la titularidad real de sus bienes.

La red de Correa se fue especializando, través de las empresas Pasadena Viajes y Special Events, en organizar eventos y campañas electorales del partido popular, al tiempo que aprovechaba sus contactos con personas con responsabilidades orgánicas en el PP para conseguir adjudicaciones públicas.

Paralelamente a la estructura societaria en España, los imputados tejieron otra en el exterior para ocultar y transformar el patrimonio que iban amasando con sus actividades ilícitas, ocultando a la Hacienda Pública su verdadero patrimonio y el origen del mismo, dice el auto.

La red en Castilla y León y Madrid

El auto de Ruz detalla cómo a partir de las relaciones entabladas con distintos responsables políticos del PP la trama comenzó a trabajar en la Comunidad de Castilla y León y en la Comunidad de Madrid. Refleja “irregulares adjudicaciones de contratos en los ayuntamientos de Madrid, Majadahonda y Pozuelo, a cambio de dádivas percibidas en dinero en efectivo o prestación de servicios”, como viajes organizados por la agencia de Correa.

En relación con la Comunidad de Madrid, Ruz considera constatado indiciariamente que distintas entidades y consejerías realizaron contratación pública durante los años investigados “que se apartó de los principios de publicidad, concurrencia, objetividad y transparencia, llevándose a cabo la tramitación de los diferentes expedientes de contratación con infracción de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas”. De lo investigado se concluye que al menos 348 actos de la Comunidad de Madrid fueron adjudicados directa o indirectamente a empresas del grupo.

El sistema ideado por el supuesto arquitecto financiero de la red, Luis de Miguel. para ocultar los fondos obtenidos por la organización de Correa de forma ilícita sirvió posteriormente, según Ruz, a los cargos públicos o responsables del PP con los que trabajaba Correa para la intermediación en operaciones inmobiliarias. De esta forma, según el juez “Correa puso a disposición de determinados cargos públicos su propio entramado societario con el fin de ocultar la titularidad y origen de sus fondos”.

Bárcenas se apropió de fondos

El juez dedica un apartado a las contrataciones irregulares en la Comunidad de Castilla y León en donde el magistrado destaca el papel de Luis Bárcenas y Jesús Merino, que recibirían, según Ruz, regalos y comisiones por actuar de intermediarios con las empresas de Correa.

Sin perjuicio de lo que el magistrado está investigando en la pieza separada sobre la presunta contabilidad B del PP, Ruz señala que Bárcenas se apropió de fondos del PP, prevaliéndose de sus cargos de gerente y tesorero.

Indica que llevó junto con Alvaro Lapuerta una contabilidad paralela o caja B del partido político entre los años 1990 a 2008, “nutrida de donativos o aportaciones ajenos a la contabilidad oficial y que de acuerdo a lo indiciariamente acreditado, fue destinada: al pago de gastos generados en campañas electorales, al pago de complementos de sueldos a determinadas personas vinculadas al partido y al pago de distintos servicios y gastos en beneficio del Partido político”.

Los hechos que el juez atribuye a 43 personas se tipifican provisionalmente en 11 delitos: prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraude a la administración pública, falsedad documental, delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, estafa procesal en grado de tentativa, apropiación indebida y asociación ilícita en el ámbito de la contratación.

Entre las diligencias practicadas más significativas llevadas a cabo a lo largo de la instrucción se encuentran toda la documentación incautada en los registros, las declaraciones de más de 100 imputados y de más de 100 testigos, la documentación contenida en 190 comisiones rogatorias (más de 80 tomos) cursadas a 21 países, las diversas periciales elaboradas, las certificaciones de los registros, las intervenciones telefónicas así como la documentación aportada por las múltiples entidades financieras cuya colaboración se ha requerido a lo largo de estos años.