Revés judicial al Gobierno: el Supremo anula el traspaso de competencias de tráfico de la Guardia Civil a Navarra

Ha sido un varapalo judicial para el Gobierno de Pedro Sánchez y también para el Ejecutivo navarro. El Tribunal Supremo ha anulado el Real Decreto que traspasaba a la Comunidad Foral Navarra las competencias de tráfico y circulación de vehículos a motor, así como el acuerdo complementario de la Guardia Civil. La Justicia ha estimado así un recurso de la asociación Justicia Guardia Civil (JUCIL) y explican que un Real Decreto como éste no puede utilizarse para atribuir a Navarra una competencia no reconocida en su ley ni amparada en su derecho histórico.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo concluye que esas competencias pueden ser asumidas por Navarra, pero solo por dos vías: o bien reformando la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (LORAFNA), o bien mediante una ley orgánica.

Los magistrados destacan que la LORAFNA, que equivale a un estatuto de autonomía en otras comunidades autónomas, no incluye un título competencial que se identifique con las funciones que desempeña la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en Navarra.

«No es lógico que el propio Gobierno se salte las normas»

Por ello, el tribunal señala que la controversia se ciñe a determinar si, para que Navarra asuma las funciones de la Guardia Civil en materia de tráfico y vehículos a motor, sería suficiente con el Acuerdo de traspaso. Esto sería así si se demuestra que ya ostenta la competencia en esa materia y que forma parte de su Derecho histórico. Pero si se da el caso contrario, que no la ostenta, necesitaría reformar la LORAFNA o aprobar una ley de transferencia, tal como establece la Constitución.

Finalmente, concluye que la Ley foral no incluye esa competencia, ya que esta ha sido siempre de la Guardia Civil, ejerciendo la Policía Foral una función subordinada. En este sentido, la sentencia precisa que "Navarra ejerce una competencia concretada en funciones de colaboración o cooperación con la Guardia Civil".

La resolución descarta el argumento de la Comunidad Foral Navarra sobre la falta de legitimación activa de la asociación JUCIL. El tribunal contesta que el propio Gobierno navarro sostiene que el traspaso no afecta a la Guardia Civil, pero, "a renglón seguido, alega que los intereses profesionales, personales y familiares de los guardias civiles afectados por el traspaso están satisfechos. Para ello nos dice que podrán cambiar de funciones o seguir desempeñándolas 'en otros destinos geográficos', es decir, yéndose de Navarra o, en fin, podrán integrarse en la Policía Foral de Navarra”.

Y para el tribunal, “es obvio que cualquiera de esas alternativas incide, al menos, en los intereses profesionales de los guardias civiles y lo hace hasta el punto de prever su integración en otro cuerpo policial”. Por ello, considera que JUCIL sí está legitimada para plantear el recurso.

Varapalo judicial

Las reacciones no se han hecho esperar. JUCIL celebró el fallo frente a lo que calificó como un «desatino» del Gobierno central, al que acusó de «saltarse todas las normativas». Para la asociación, «han jugado con la vida de cerca de 200 compañeros que componen la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en Navarra», que se habrían visto afectados si se hubiese confirmado el traspaso. Y subrayaron que una medida así «no puede hacerse por un mero acuerdo del Consejo de ministros a través de un decreto ley» y destacaron que «no es lógico que el propio Gobierno se salte las normas».

El Partido Popular pidió la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Su secretaria general, Cuca Gamarra, defendió que la Guardia Civil debe permanecer en Navarra sin que sus competencias se vean limitadas para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, siga en el poder. A su juicio, el Ejecutivo va de «varapalo en varapalo judicial» y calificó la posible «expulsión» de la Guardia Civil de Navarra de «ilegal» e «inmoral».

Por su parte, el PSN anunció que presentará una Declaración Institucional en el Parlamento navarro bajo la premisa de que se trata de «un derecho histórico». Con este movimiento, pretende forzar el posicionamiento de todos los partidos para que definan «si respetan lo que marcan los derechos históricos de Navarra en la LORAFNA y en la Constitución». También dijeron que revisarán las leyes porque «no imposibilitan» que Navarra tenga estas competencias. Sin embargo, no especificaron si impulsarán la reforma o la ley que sí permitirían la transferencia que reclaman.