Trump, imputado en Georgia por cuarta vez por intentar revertir el resultado de las elecciones de 2020

La cuarta acusación penal contra Donald Trump ya ha llegado. Esta vez en Georgia, donde tras 10 horas de deliberación un gran jurado presentó el lunes por la noche 13 cargos estatales contra el expresidente por tratar de anular los resultados de las elecciones en ese estado. La nueva acusación eleva a 91 el total de delitos que enfrenta el exmandatario en cuatro causas penales –dos casos federales y dos estatales– repartidas en cuatro jurisdicciones distintas (Nueva York, Miami, Washington D.C y Georgia). En esta ocasión, junto a Trump, hay acusadas 18 personas más que presuntamente le ayudaron con su propósito. Desde el entonces secretario general de la Casa Blanca, Mark Meadows, hasta falsos electores republicanos. Los cargos han sido presentados tras dos años de larga investigación por parte de la fiscal de distrito del condado de Fulton (en el norte-central de Georgia), Fani T. Willis. La cadena estadounidense CNN publicaba en exclusiva que la letrada pública y su equipo poseen mensajes de texto y correos electrónicos «que conectan directamente a los miembros del equipo legal de Donald Trump con la violación del sistema de votación de principios de enero de 2021 en el condado Coffee», en Georgia.

La zona rural donde transcurre el presunto fraude electoral es fuertemente republicana y clave en la investigación. Aquí el exmandatario ganó casi el 70% de los votos en las pasadas elecciones presidenciales, pero no eran suficientes para hacerse con los comicios. En ese sentido, apunta CNN, según personas familiarizadas con la investigación, los aliados de Trump, impulsados por él mismo, «trataron de acceder al software de votación que es confidencial», relata, «como parte de un impulso más amplio para producir pruebas que pudieran respaldar las afirmaciones infundadas del expresidente sobre fraude generalizado».

Además, según el escrito de acusación de la fiscalía de 98 páginas, el 2 de enero del 2021 –44 días después de que se proyectara la victoria de Joe Biden–, el expresidente hizo una llamada telefónica al que entonces era secretario de estado de Georgia, Brad Raffensperger para «solicitar ilegalmente» que lo ayudara a «encontrar 11.789 votos» a su favor y anular los resultados de las elecciones estatales. Tirando del hilo, los investigadores descubrieron otros trapos sucios, como la invención de falsos electores y los intentos de robar datos del sistema de votación electrónica. Durante la conversación de teléfono, explica la acusación, Trump llegó a hacer hasta 13 declaraciones falsas «a sabiendas» con el fin de conseguir su objetivo, como por ejemplo «que cerca de 5.000 personas muertas votaron en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre de 2020 en Georgia».

Esta llamada, en la que también intervino Mark Meadows, fue el punto de partida de una investigación que se ha alargado más de 24 meses, en la que han prestado testimonio alrededor de 75 testigos y ha acabado con la acusación de 19 personas que suman un total de 41 cargos. «Trump y los otros acusados se negaron a aceptar que Trump perdió y se unieron a sabiendas y deliberadamente a una conspiración para cambiar ilegalmente el resultado de las elecciones a favor» del exmandatario, reza la acusación. Además, Willis apunta a que participaron también 30 coconspiradores no acusados y va mucho más allá de lo que ocurrió en Georgia. La fiscal habla de extorsión en virtud de la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Extorsionistas (RICO, por sus siglas en inglés), un delito reservado por lo general para el crimen organizado. Además, acusa a Trump de ser el jefe de «una empresa criminal» para anular las elecciones del 2020.

«Después de la acusación, como es el proceso normal en la ley de Georgia», ha dicho Willis, «el jurado investigador emitió órdenes de arresto para los acusados». La fiscal de Georgia les da hasta el mediodía del viernes 25 de agosto «a más tardar» para «entregarse voluntariamente», un paso previo a la imputación de cargos.

El exmandatario, fiel a su estrategia, pocos minutos después de conocerse la acusación ha cargado contra la fiscalía de Georgia en una entrevista con Fox New Digital asegurando que los nuevos cargos están «inspirados políticamente». Trump, quien de nuevo niega haber actuado mal, también dice que esta acusación «podría haberse presentado hace casi tres años, pero se diseñó para colocarla justo en medio de mi campaña política», en referencia a que se suma una causa penal más a la lista de procesos que tiene pendientes de cara al próximo año, cuando se celebrarán las próximas elecciones presidenciales en EE UU a principios de noviembre. Además, le recomienda a la fiscal que «debería centrarse en las personas que manipularon las elecciones presidenciales de 2020, no en aquellos que exigen una respuesta sobre lo sucedido».

El juez de la Corte Superior del condado de Fulton asignado para supervisar el caso de Trump y sus aliados es Scott McAfee. Quizá uno de los jueces con menos experiencia en este tipo de cruzadas. Es el más novato del tribunal georgiano, aunque cuenta con una importante experiencia legal porque trabajó como fiscal federal en el estado y asistente de fiscal procesando casos de homicidio en el condado de Fulton. Aun así, a nadie se le olvida que prestó juramento hace 6 meses tras ser designado por el gobernador Brian Kemp. De él depende, ha dicho Willis, establecer la fecha de juicio, pero la fiscal ha confesado a los periodistas que «quiero avanzar en este caso», y le propondrá al juez «una fecha dentro de los próximos seis meses», porque su intención es juzgar a los 19 acusados juntos.