Si Pedro Sánchez calculaba un otoño más tranquilo, utilizando el drama de Gaza para arrinconar al adversario, se equivocaba. La realidad parlamentaria y judicial le ha llevado por delante, como si fuera un tsunami.

Feijóo y Sánchez coinciden en la condena a Netanyahu, al igual que en Europa entre conservadores y progresistas, como se ha evidenciado en la Asamblea de Naciones Unidas. La consecuencia es la falta de credibilidad de una controversia que no existe realmente pero que ha sido forzada para recuperar lo vivido con la guerra de Irak. No ha colado.

Lo que sí ha detonado en la Moncloa es la soledad en el Congreso de los Diputados y la nueva realidad judicial de Sánchez y sus familiares más cercanos.

Podemos quiere elecciones y borrar del mapa a Sumar, votaciones como la del traspaso de las competencias de inmigración a Cataluña le ofrecen la oportunidad de distanciarse y el discurso para explicarlo.

Puigdemont también se empeña en dejar en evidencia que sin él no hay legislatura. Yolanda Díaz vio que se iba por el desagüe la reducción de la jornada laboral y, después del último encuentro en Waterloo, Sánchez constató que se esfumaba la posibilidad de aprobar los presupuestos.

El otro flanco que está debilitándose es el judicial. Cada vez es menos creíble el relato de la persecución de jueces y magistrados en connivencia con la derecha.

El procesamiento de David Sánchez no solo es un varapalo para el líder socialista al que, por cierto, el auto judicial le atribuye un papel determinante, sino que perfora la línea de flotación del argumentario de la dirección del PSOE, la decisión es de otro tribunal distinto a la jueza que ha instruido el proceso y, por tanto, refuerza la instrucción que ha practicado.

La otra bomba que ha caído sobre la familia presidencial es la resolución del juez Peinado de enviar a juicio a Begoña Gómez por un delito de malversación. Desde Moncloa se han apresurado a atacar la decisión, intentando ridiculizarla, pero la realidad es que cada declaración de la esposa del presidente ante los tribunales es un zarpazo a su credibilidad.

Tanto un proceso como el otro son bombas de relojería para Sánchez y, como en alguno de ellos o en todos se produzca alguna condena, tendrá la salida del Gobierno más humillante que se haya conocido en nuestra democracia. Al final, el pacto con el diablo no solo lo va a pagar el Estado, la parte del precio que le toca será enorme.