La última bala de Bolaños: el ministro redobla la presión para reformar la Justicia

Félix Bolaños necesita dejar impronta. Los ministros, nada más sentarse en Moncloa, suelen dedicarse en cuerpo y alma a dejar huella legislativa. Es más, algunas normas incluso son bautizadas con el nombre del susodicho. Y el titular de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes redobla la presión, especialmente sobre Junts, para aprobar su proyecto estrella de reforma de la Justicia, la «ley Bolaños».

Lo cierto es que el ministro, pese a seguir formando parte del núcleo duro de Pedro Sánchez, ha perdido cierto músculo político. Los últimos reveses legislativos del Ejecutivo le han puesto en la diana. Incluso el presidente se ha puesto a los mandos de algunas negociaciones que antes delegaba en su corte de ministros.

El Gobierno tiene en un cajón hasta seis proyectos: su propia reforma de la Justicia, la ley de protección de menores en entornos digitales, la de acciones colectivas para la protección de los consumidores, así como otros dos proyectos que cambian la Ley de Enjuiciamiento Civil y la responsabilidad penal de los menores. También aguarda la ley de información empresarial sobre sostenibilidad.

El entorno de Bolaños, en conversación con LA RAZÓN, desliga su empeño en aprobar su reforma de su carrera profesional. «Si aprobar la reforma fuera por su carrera, haría lo que hicieron sus antecesores durante 40 años: nada. Es lo cómodo», explica una fuente de la máxima confianza de ministro.

Esta misma fuente insiste en que «es imprescindible para modernizar la Justicia». Pero el partido de Carles Puigdemont le está poniendo las cosas difíciles. Fuentes gubernamentales confían en que el grueso vea la luz. Si algo queda fuera, explican, es el cambio para que los fiscales se hagan cargo de la instrucción.

La realidad es que Junts no está por la labor de firmar ese cambio por la situación en la que se encuentra la Fiscalía General del Estado, cuyo titular, Álvaro García Ortiz, se sentará en los próximos meses en el banquillo, acusado de haber cometido un supuesto delito de revelación de secretos en el caso de evasión fiscal que afecta a la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

En el Gobierno insisten en que García Ortiz no dimitirá. «Los inocentes no hacen nada que les haga parecer culpables», zanjan en Justicia. De manera que, en menos de un mes, y si nada cambia, el primer fiscal general procesado compartirá escenario con el Rey durante la tradicional sesión solemne de apertura del curso judicial.

El Ejecutivo confía en que, en caso de que el fiscal general sea inhabilitado, podrá alimentar la tesis del golpe judicial en España: la del enjambre de togas dispuesto a derribar a Sánchez a cualquier precio. Moncloa no piensa dar su brazo a torcer.

Este lío, que ha tensionado las costuras del sistema judicial, es un escollo para Bolaños. Si hay alguien conectado a Junts que habla claro sobre el tema es el letrado del expresidente catalán, Gonzalo Boye, quien fue tajante en una reciente entrevista con este diario.

Sus palabras sentaron muy mal en el Ejecutivo, porque cuestionaron la continuidad de Sánchez, al que ven tan vinculado a la corrupción y a las cloacas que creen que su periplo en Moncloa se ha convertido en una mera carrera de supervivencia. Boye, al que desde Moncloa se le resta influencia política, criticó la permanencia del fiscal general.

Junts enseña el camino a Bolaños si quiere contar con ellos: el cese de García Ortiz. Los posconvergentes consideran que su continuidad es incompatible con la institucionalidad democrática. Pero Junts pide más: un CGPJ catalán (Consell de Justicia de Catalunya) y el cierre de la Audiencia Nacional. Pero desde Justicia se defiende que solo se dará a cambio todo aquello que permita la base del proyecto presentado.

Sobre ese texto, el Gobierno se abre, por ejemplo, a incluir como mérito o requisito el conocimiento del catalán para el acceso a plazas de Justicia. Junts reclama que sea obligatoria para jueces y fiscales en Cataluña. También puede haber un grupo fijo para esta comunidad que tenga formación obligatoriamente en derecho civil catalán. Bolaños, abogado de formación, es uno de los autores de la Ley de Amnistía.

Es, según el relato de las fuentes consultadas, una persona ambiciosa. Ya mantuvo sonadas batallas por poder dentro del Consejo de Ministros con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Su perfil, pues, opaca al de cualquier otro compañero de Ejecutivo que pretenda tener un papel político relevante. Y no solo dentro del complejo presidencial, sino del mismo universo socialista.

Una fuente que le ha tratado recuerda que cuando aterrizó en Moncloa, el ahora ministro decía no querer quemarse en la primera línea. El socialista madrileño intentó pasar desapercibido trabajando para el presidente como secretario de la Presidencia, su primer puesto.

Pero poco a poco se hizo fuerte. Y de ahí saltó al ministerio que tanto explota. Bolaños se ha labrado un perfil público que intenta conectar con los simpatizantes socialistas. Y quiere su ley para que cuando ya no esté en el Gobierno, en el partido le respeten aún más. A sus casi 49 años, aún tiene fondo.