Un 155 ampliado contra el limbo

La fractura independentista dejará a Cataluña paralizada si no se convoca Pleno de investidura para que empiecen a correr los plazos. Rajoy sólo podría disolver y convocar elecciones volviendo a pedir autorización al Senado.

El debate sobre si han empezado ya a correr los plazos para las elecciones catalanas entra en la agenda a la espera de que se pronuncien los letrados del Parlamento autonómico. La amenaza de bloqueo y de que Cataluña se instale en una especie de limbo preocupa al Gobierno y al constitucionalismo por sus efectos políticos y económicos cuando todo apunta a que los servicios jurídicos de la Cámara catalana se decantarán en contra de considerar que la decisión de Torrent de suspeder el Pleno de investidura del martes 30 haya activado el plazo de los dos meses para que se convoquen elecciones. Los letrados fijarán posición el próximo martes pero distintas fuentes jurídicas consultadas por este diario se pronunciaron en esta misma línea: el plazo no ha empezado a computar toda vez que no se ha celebrado la sesión de investidura.

Torrent, en palabras de uno de los juristas, «fue muy hábil, ya que no suspendió la convocatoria, sino que la aplazó; con lo que cumplió con el plazo para proponer un candidato». De esta forma, la pelota está en el tejado de los independentistas en cuanto a la presentación de un nuevo candidato pero en ningún caso podrán mantener este impás «in aeternum».

De momento, Moncloa sostiene que Rajoy se ajustará a lo que marquen los letrados del Parlamento porque son, afirman en Moncloa, quienes mejor conocen el funcionamiento de la Cámara. En cualquier caso, si los secesionistas mantienen el bloqueo indefinidamente, la interpretación mayoritaria en el bando constitucionalista señala que que el presidente del Gobierno solo podría activar el mecanismo para convocar nuevas elecciones si se dirige al Senado y pide una ampliación para el artículo 155 en vigor que le faculte a disolver el parlament y a fijar una nueva fecha electoral, ya que la actual redacción del acuerdo de aplicación de la intervención de la Generalitat no prevé este supuesto.

Al independentismo se le ha afeado que haya actuado en contra del criterio jurídico de los letrados y aunque la situación es «complicada» Rajoy entiende que la coherencia obliga a estar con lo que éstos señalen en su informe.

El problema está en que a ERC y al sector del PdCAT contrario a la candidatura de Carles Puigdemont les va bien estratégicamente ganar tiempo, agotar los recursos a la espera de que el desgaste del ex presidente o la propia evolución del procedimiento judicial les ayude a darle el empujón definitivo. Mientras que en paralelo desde la formación republicana siguen haciendo equilibrios entre sus deseos y la imperiosa necesidad de salvar la cara ante las bases y no facilitarle a Puigdemont el juego de presentarles como los traidores a la hipotética República catalana por no apoyar su restitución. Y ahí siguen dando vueltas al argumentario de que Puigdemont es el candidato a la Generalitat, pero que además de un presidente simbólico también hace falta un presidente de la Generalitat efectivo y que pueda gobernar en el día a día. Ayer Torrent se aferró al discurso de que Puigdemont sigue siendo el candidato, pero en ningún momento se pilló los dedos diciendo que será de nuevo presidente de la Generalitat.

En la película de traiciones y sospechas en la que se ha instalado el soberanismo en medio de la batalla entre ERC y Puigdemont la inquietud política es que Cataluña vuelva a quedar hipotecada a sus intereses estrictamente de partido. El líder del PSC, Miquel Iceta, ha defendido en público que ya ha empezado el plazo de dos meses para una investidura y que si transcurrido ese tiempo no hay una candidatura viable habrá que ir de nuevo a elecciones.

Salvo Puigdemont, del que dicen que puede llegar a coquetear con la idea de convertir esos nuevos comicios en un plebiscito sobre su persona, nadie quiere volver a someterse de nuevo al examen de las urnas. Y en el independentismo menos si cabe que en los demás partidos porque supone poner en riesgo el tesoro de la mayoría absoluta justa que ahora tienen.

El artículo 4 de la Ley 13/2008, de 5 de noviembre, de la Presidencia de la Generalitat y del Gobierno dispone en su punto 6 que «si transcurridos dos meses desde la primera votación de investidura no ha sido elegido ningún candidato o candidata, la Legislatura queda disuelta automáticamente y el presidente o presidenta de la Generalitat en funciones convoca elecciones de forma inmediata, que deben tener lugar entre cuarenta o sesenta días después de la convocatoria».

No obstante, como señala un informe de Justicia, el apartado 2 establece un plazo de diez días desde la constitución de la Legislatura para proponer un candidato al Pleno. «Y se podría interpretar el agotamiento del mismo, que se producirá el 31 de enero, sin que se celebre una sesión de investidura como el momento para iniciar el cómputo de los dos meses para la disolución automática y evitar así el bloqueo sine die».

Torrent insistió ayer en que «sólo se hará un debate de investidura si hay todas las garantías para Puigdemont y si esta investidura es efectiva». Mientras que desde el ámbito constitucionalista meten presión a Torrent para que mueva ficha. También a Ciudadanos (Cs), ya que es la otra alternativa más sencilla para hacer que se ponga en marcha la maquinaria. Bastaría con que Inés Arrimadas, como candidata del partido más votado, se sometiese a la votación del Parlamento.