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Carlos Ruipérez, alcalde de Arroyomolinos, primer regidor de Ciudadanos detenido por corrupción

El dispositivo, en el que participan 580 policías, investiga posibles amaños en la gestión de las multas y la regulación del tráfico con semáforos

  • Carlos Ruipérez Alonso, alcalde-presidente de Arroyomolinos (Ayto. de Arroyomilinos)
    Carlos Ruipérez Alonso, alcalde-presidente de Arroyomolinos (Ayto. de Arroyomilinos)
Madrid.

Tiempo de lectura 2 min.

03 de julio de 2018. 13:49h

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larazón.es.  Madrid. 3/7/2018

La Policía Nacional ha detenido al alcalde de Arroyomolinos, Carlos Ruipérez, de Ciudadanos, en el marco de la macrooperación en decenas de ayuntamientos por posibles amaños en la contratación de servicios de tráfico y gestión de multas.

Fuentes de la investigación han indicado a Efe que entre la treintena de detenidos figura Ruipérez y que se investiga a uno de los tenientes de alcalde y a un técnico del consistorio de esta localidad madrileña.

Se investigan posibles delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios, revelación de secretos oficiales, malversación de caudales públicos, delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Ciudadanos ya ha suspendido de militancia a su excoordinador y actual asesor del partido en la Diputación de León Sadat Maraña y al portavoz en el Ayuntamiento leonés de San Andrés de Rabanedo, Juan Carlos Fernández, también detenidos en la operación Enredadera, han confirmado a Efe fuentes de la formación naranja.

Ruipérez, que gobierna el municipio en coalición con el PSOE y con el Partido Independiente de Arroyomolinos (PIArr), ya pasó por un juzgado en mayo de 2016, cuando tuvo que declarar como investigado tras ser denunciado por dos sargentos de la policía local por calumnias.

Entonces candidato, el ahora detenido acusó durante la campaña de las elecciones municipales de mayo de 2015 a algunos mandos policiales de haber ascendido "como pago a determinados favores realizados a los políticos".

Dirigida por el juzgado de instrucción número 2 de Badalona (Barcelona), se investiga la manipulación de datos de tráfico y siniestralidad para justificar la colocación de radares donde no hacían falta, con una finalidad puramente recaudatoria.

Además, según fuentes jurídicas, desde alguno de los ayuntamientos se amañaron los pliegos de los contratos municipales adjudicados a la empresa Aplicaciones Gespol, perteneciente al Grupo Sacyr y supuestamente la beneficiaria de la instalación de los radares.

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